Examen de Policía Local de Villa del Río 2017: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: D) Garantiza su interdicción.

Por qué es correcta. El artículo 9.3 de la Constitución Española establece expresamente la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por qué fallan las otras. La Constitución no garantiza la legalización de la arbitrariedad (opción A), sino su prohibición. La responsabilidad (opción B) y la irretroactividad (opción C) son principios distintos enumerados en el mismo artículo, pero no definen la relación con la arbitrariedad.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: B) La solidaridad y el derecho a la autonomía.

Por qué es correcta. El artículo 2 de la Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española y la solidaridad entre todas ellas.

Por qué fallan las otras. Aunque la igualdad es un valor superior y un derecho, el artículo 2 menciona específicamente el binomio 'autonomía' y 'solidaridad' en relación con las nacionalidades y regiones.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Constitución Española, artículo Artículo 2

Respuesta correcta: B) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

Por qué es correcta. La Constitución establece que una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque exige una décima parte de 'ambas' Cámaras, cuando la ley dice 'cualquiera'. La opción C es incorrecta porque no menciona la fracción de miembros necesaria. La opción D es incorrecta porque el plazo es de quince días, no veinte.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. /n 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. /n 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Constitución Española, artículo Artículo 167

Respuesta correcta: B) Los derechos y deberes de los ciudadanos.

Por qué es correcta. El artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa, se encuentra ubicado en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I, bajo la rúbrica 'De los derechos y deberes de los ciudadanos'.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque los principios rectores están en el Capítulo III. La opción C es incorrecta porque los derechos fundamentales y libertades públicas están en la Sección 1.ª del Capítulo II. La opción D es incorrecta porque las garantías se regulan en el Capítulo IV.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Constitución Española, artículo Artículo 38

Respuesta correcta: B) Realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D no son el fin constitucionalmente previsto para la duración de la detención preventiva, aunque sean trámites obligatorios durante la misma.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. /n 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. /n 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. /n 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Constitución Española, artículo Artículo 17

Respuesta correcta: C) Ante situaciones de hecho iguales deben aplicarse consecuencias jurídicas también iguales.

Por qué es correcta. El principio de igualdad ante la ley implica que a supuestos de hecho iguales deben corresponder consecuencias jurídicas iguales, evitando discriminaciones arbitrarias.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque la igualdad no se limita a precedentes legislativos. La opción B describe el derecho a la tutela judicial efectiva, no la definición de igualdad. La opción D es falsa al existir una respuesta correcta.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Constitución Española, artículo Artículo 14

Respuesta correcta: B) Ante el Tribunal Constitucional

Por qué es correcta. El recurso de amparo es una de las competencias principales del Tribunal Constitucional para la protección de los derechos y libertades fundamentales.

Por qué fallan las otras. El Tribunal Supremo, el CGPJ o los juzgados ordinarios no tienen competencia para conocer del recurso de amparo constitucional, aunque los juzgados ordinarios tutelan los derechos fundamentales por la vía judicial preferente y sumaria.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: /n a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias pronunciadas no perderán el valor de cosa juzgada. /n b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. /n c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. /n d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Constitución Española, artículo Artículo 161

Respuesta correcta: D) El derecho de propiedad.

Por qué es correcta. El derecho de propiedad privada y de herencia, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, no se encuentra entre los derechos protegidos por el recurso de amparo, ya que este recurso solo ampara los derechos reconocidos en los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del artículo 30.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incorrectas porque el derecho a la libertad y seguridad (artículo 17), el derecho de petición (artículo 29) y el derecho a la objeción de conciencia (artículo 30.2) sí son susceptibles de recurso de amparo según el artículo 53.2 de la Constitución.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). /n 2. Cualquier ciudadano podrá pretender la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. /n 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: B) El derecho de petición.

Por qué es correcta. El derecho de petición es un derecho fundamental (Art. 29 CE) situado en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, por lo que su desarrollo requiere Ley Orgánica según el Art. 81.1 CE.

Por qué fallan las otras. La opción A (Art. 14) no forma parte de la Sección 1ª (Derechos Fundamentales y Libertades Públicas) a efectos del artículo 81.1, aunque goza de especial protección. La opción C (Art. 30.2) está en la Sección 2ª, por lo que no requiere Ley Orgánica. La opción D (Art. 33) está en la Sección 2ª y tampoco requiere Ley Orgánica.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. /n 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Constitución Española, artículo Artículo 81

Respuesta correcta: A) Si, siempre que se respeten las reglas que por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de procedimiento administrativo común con carácter básico.

Por qué es correcta. El Tribunal Constitucional ha establecido que las CCAA pueden dictar normas de procedimiento administrativo para las especialidades derivadas de su organización propia o de su derecho sustantivo, siempre que respeten las bases del procedimiento administrativo común dictadas por el Estado.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque no requiere autorización expresa sino competencia sobre la materia. La C es falsa porque el 149.1.18 reserva al Estado el procedimiento administrativo 'común', no el total. La D es falsa porque no se limita solo a lo regulado con carácter exclusivo en los Estatutos.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: /n (...) 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; la legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

Constitución Española, artículo Artículo 149

Respuesta correcta: B) El Ministerio Fiscal

Por qué es correcta. El Ministerio Fiscal no figura entre los sujetos legitimados por la Constitución para interponer el recurso de inconstitucionalidad; sí está legitimado para el recurso de amparo.

Por qué fallan las otras. El Defensor del Pueblo (A), 50 Diputados (C) y el Presidente del Gobierno (D) están expresamente legitimados por el artículo 162.1.a) de la CE.

1. Están facultados: /n a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. /n b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Constitución Española, artículo Artículo 162

Respuesta correcta: C) El Rey no puede ser encausado ni civil, ni penal ni políticamente.

Por qué es correcta. La Constitución establece la inviolabilidad de la persona del Rey y que no está sujeta a responsabilidad. Esto implica inmunidad total frente a procesos penales, civiles y responsabilidad política.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son falsas porque contradicen el principio de inviolabilidad y exención de responsabilidad establecido en el artículo 56.3 de la Constitución.

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. /n 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. /n 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Constitución Española, artículo Artículo 56