Examen de Policía Local de Vilches 2017: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) Facilitarán la adecuada utilización.

Por qué es correcta. El artículo 43.3 de la Constitución Española establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Por qué fallan las otras. El término exacto empleado por la Constitución para el ocio es 'facilitarán la adecuada utilización'. El fomento se refiere a la educación sanitaria, física y deporte.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. /n 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. /n 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Constitución Española, artículo Artículo 43

Respuesta correcta: C) De los derechos y libertades públicas que garantiza el título 1 en los términos que establezcan los tratados y la ley.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque no todos los derechos de los españoles se extienden a extranjeros (ej. sufragio en generales). La opción B es incompleta al omitir 'derechos'.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. /n 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

Constitución Española, artículo Artículo 13

Respuesta correcta: B) El Título I de la Constitución.

Por qué es correcta. El artículo 54 de la CE especifica que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.

Por qué fallan las otras. Aunque su labor es amplia, el mandato constitucional se circunscribe específicamente al Título I ('De los derechos y deberes fundamentales'), no a toda la Constitución ni solo a una sección específica.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Constitución Española, artículo Artículo 54

Respuesta correcta: D) Todas las respuestas son ciertas.

Por qué es correcta. El derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE) comprende un conjunto de garantías que incluyen el acceso a los jueces, el juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa y asistencia de letrado, el derecho a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos y a la presunción de inocencia.

Por qué fallan las otras. Todas las opciones (A, B y C) son componentes esenciales del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y las garantías procesales recogidas en el artículo 24 de la Constitución.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. /n 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. /n La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: B) La tutela del Rey menor y la Regencia.

Por qué es correcta. La Constitución prohíbe a la Reina consorte o al consorte de la Reina asumir funciones constitucionales, excepto en lo relativo a la Regencia y a la tutela del Rey menor.

Por qué fallan las otras. La excepción abarca ambos supuestos (Regencia y Tutela), no solo uno de ellos.

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Constitución Española, artículo Artículo 58

Respuesta correcta: A) El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Por qué es correcta. Según la Constitución, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, tras haber oído al Consejo General del Poder Judicial.

Por qué fallan las otras. El Congreso no propone al Fiscal General. El CGPJ es oído, pero no es quien propone. El Ministro de Justicia forma parte del Gobierno que propone, pero la propuesta es del órgano colegiado (Gobierno).

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. /n 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. /n 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. /n 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 124

Respuesta correcta: C) En Sala de Gobierno y en Salas de Justicia.

Por qué es correcta. La Audiencia Nacional, como órgano jurisdiccional, se compone de Salas de Justicia (Apelación, Penal, Contencioso-Administrativo y Social) y cuenta con una Sala de Gobierno para sus funciones gubernativas.

Por qué fallan las otras. No funciona exclusivamente en un tipo de sala, ya que requiere tanto la estructura jurisdiccional como la de gobierno interno. La opción D incluye 'Secciones', que forman parte de las Salas, pero la estructura orgánica principal se divide en Gobierno y Justicia.

La Audiencia Nacional se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones. /n Artículo 63. /n 1. La Audiencia Nacional consta de las siguientes Salas: /n 1.º De Apelación. /n 2.º De lo Penal. /n 3.º De lo Contencioso-administrativo. /n 4.º De lo Social. /n 2. En la Audiencia Nacional existirá una Sala de Gobierno, cuya composición y funciones se rigen por lo dispuesto en el Título IV de este Libro.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Artículo 62

Respuesta correcta: C) El Presidente del Tribunal Supremo.

Por qué es correcta. Por mandato constitucional y legal, el Presidente del Tribunal Supremo es también el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Por qué fallan las otras. El Rey no preside órganos judiciales. El Fiscal General preside el Ministerio Fiscal. El Ministro de Justicia pertenece al Poder Ejecutivo.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.

Constitución Española, artículo Artículo 122

Respuesta correcta: B) No.

Por qué es correcta. El recurso de inconstitucionalidad solo cabe contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Los reglamentos, al ser normas de rango inferior a la ley, se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por qué fallan las otras. El Tribunal Constitucional no conoce de la ilegalidad de los reglamentos, sino de la inconstitucionalidad de las leyes. Un reglamento nunca puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: /n a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

Constitución Española, artículo Artículo 161

Respuesta correcta: C) Sí, limitadamente.

Por qué es correcta. El Rey manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente, pero esta función está limitada por la Constitución, requiriendo en muchos casos la previa autorización de las Cortes Generales.

Por qué fallan las otras. No es ilimitada porque depende de la previa autorización de las Cortes en los supuestos de los artículos 93 y 94. No es una función exclusiva del Gobierno, aunque este dirija la política exterior.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 63

Respuesta correcta: B) El Congreso de los Diputados.

Por qué es correcta. El artículo 153 CE establece taxativamente quiénes ejercen el control: el Tribunal Constitucional, el Gobierno (previo dictamen del Consejo de Estado para funciones delegadas), la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas. El Congreso de los Diputados no aparece como órgano de control ordinario de la actividad de las CCAA en este artículo.

Por qué fallan las otras. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley. El Gobierno controla el ejercicio de funciones delegadas. El Tribunal de Cuentas controla lo económico y presupuestario. Todos ellos están previstos en el artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: /n a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. /n b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. /n c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. /n d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Constitución Española, artículo Artículo 153

Respuesta correcta: D) Participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía.

Por qué es correcta. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, y la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía.

Por qué fallan las otras. La competencia sobre inmigración, entrada y residencia es exclusiva del Estado (Art. 149.1.2ª CE). Las CCAA solo tienen competencias ejecutivas limitadas (como autorizaciones de trabajo) o de participación.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía. Estas competencias, que se ejercerán en necesaria coordinación con las que corresponden al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros, incluyen: /n a) La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena. /n b) La tramitación y resolución de las renovaciones de las autorizaciones de trabajo que correspondan a trabajadores por cuenta propia o ajena. /n c) La tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo para trabajadores de temporada. /n d) La tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios. /n e) La tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo para investigadores, para trabajadores altamente cualificados y para trabajadores objeto de traslados intraempresariales. /n f) La tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo de los estudiantes, de los extranjeros que realicen prácticas, de los que realicen servicios de voluntariado y de los residentes de larga duración cuando el trabajo se realice en Andalucía. /n g) La tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo para los familiares de los extranjeros residentes en Andalucía en los supuestos de reagrupación familiar. /n h) La potestad sancionadora por las infracciones de la normativa laboral y de seguridad social cometidas por extranjeros o por sus empleadores. /n 2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de políticas de integración y de retorno de los inmigrantes. /n 3. La Comunidad Autónoma participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía y, en particular, la participación preceptiva en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el Título IX.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 62