Examen de Policía Local de Utrera 2017: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) Los derechos establecidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3 de la Constitución Española.

Por qué es correcta. El artículo 55.2 de la CE permite la suspensión individual de los derechos relativos a la duración de la detención preventiva (17.2), la inviolabilidad del domicilio (18.2) y el secreto de las comunicaciones (18.3) para investigaciones de terrorismo.

Por qué fallan las otras. La suspensión de los artículos 17 a 23 se refiere a la suspensión general en estados de excepción o sitio (art. 55.1), no a la individual por terrorismo. El derecho de manifestación no es objeto de suspensión individual bajo el 55.2.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con el necesario control judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: C) Promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto anteriormente, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Por qué es correcta. El artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos promoverán la información y educación de consumidores, fomentarán sus organizaciones y la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque menciona 'comercio exterior' en lugar de 'comercio interior'. La opción B es incorrecta porque menciona 'productos industriales' en lugar de 'productos comerciales'.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. /n 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. /n 3. En el marco de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Constitución Española, artículo Artículo 51

Respuesta correcta: C) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Por qué es correcta. La opción C reproduce fielmente los apartados 2 y 3 del artículo 16 de la CE, utilizando los términos 'estatal' y 'cooperación'.

Por qué fallan las otras. La opción A utiliza el término 'oficial' en lugar de 'estatal'. La opción B utiliza el término 'coordinación' en lugar de 'cooperación'.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. /n 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. /n 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Constitución Española, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: C) Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; A la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Así como que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Por qué es correcta. La opción C es la que transcribe correctamente el término 'producción' (en lugar de reproducción) y 'creación literaria, artística, científica y técnica' conforme al texto constitucional.

Por qué fallan las otras. La opción A utiliza 'reproducción' en lugar de 'producción' en el apartado b). La opción B contiene errores sutiles en la transcripción de los términos literales del artículo.

1. Se reconocen y protegen los derechos: /n a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. /n b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. /n c) A la libertad de cátedra. /n d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. /n 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. /n 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. /n 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. /n 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 20

Respuesta correcta: B) 72 horas.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y C son incorrectas porque el límite máximo general establecido por la Constitución es de 72 horas, no de 48 ni de 24 horas.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. /n 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. /n 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. /n 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Constitución Española, artículo Artículo 17

Respuesta correcta: B) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado; Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional; Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución; Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio; Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley; Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan; Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales; Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado; y ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

Por qué es correcta. La opción B transcribe correctamente las funciones del Consejo de Ministros según el artículo 5 de la Ley del Gobierno, incluyendo la remisión de Tratados 'internacionales' (no 'nacionales').

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque habla de remitir Tratados 'nacionales' en lugar de 'internacionales'. La opción C parece ser idéntica a la B en el texto proporcionado, pero en el contexto de examen suele haber una sutil diferencia léxica o de puntuación; no obstante, la B es la respuesta técnica correcta según la Ley 50/1997.

1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: /n a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. /n b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. /n c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. /n d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. /n e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. /n f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. /n g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley. /n h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. /n i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. /n j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. /n k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, artículo Artículo 5

Respuesta correcta: A) El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales; Plantear la cuestión de confianza; Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

Por qué es correcta. El artículo 21.4 de la Ley 50/1997, del Gobierno, establece taxativamente las tres facultades que el Presidente en funciones no puede ejercer: disolución de Cámaras, cuestión de confianza y propuesta de referéndum.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C son incorrectas porque añaden limitaciones que no están contempladas en el artículo 21.4 de la Ley del Gobierno, como la prohibición de refrendar actos del Rey o interponer recursos de inconstitucionalidad, facultades que el Gobierno en funciones mantiene para el despacho ordinario o la defensa de la legalidad.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. /n 2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley. /n 3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. /n 4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: /n a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. /n b) Plantear la cuestión de confianza. /n c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. /n 5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: /n a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. /n b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. /n 6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: A) Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas.

Por qué es correcta. El artículo 72.2 de la Constitución establece que las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Aunque el punto 3 menciona la presidencia de sesiones conjuntas, la literalidad del punto 2 se limita a la elección de cargos.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque el Presidente del Gobierno no preside las sesiones conjuntas. La opción C es incorrecta porque, según el artículo 72.3, las sesiones conjuntas son presididas por el Presidente del Congreso, no del Senado.

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. /n 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. /n 3. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. /n 4. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Constitución Española, artículo Artículo 72

Respuesta correcta: B) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.

Por qué es correcta. El artículo 5 de la LOPJ establece que la competencia para decidir el recurso de casación por infracción de precepto constitucional corresponde siempre al Tribunal Supremo.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque atribuye la competencia del recurso de casación al Tribunal Constitucional. La opción C es incorrecta porque atribuye dicha competencia a la Audiencia Nacional.

1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. /n 2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. /n 3. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. /n 4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Artículo 5

Respuesta correcta: A) Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas y, expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

Por qué es correcta. El artículo 78.2 de la Constitución Española establece que las Diputaciones Permanentes asumen las facultades de las Cámaras de acuerdo con los artículos 86 (decretos-leyes) y 116 (estados de alarma, excepción y sitio). Además, el artículo 78.3 indica que siguen en funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C son incorrectas porque citan artículos erróneos (85, 115) que no corresponden a las facultades que asume la Diputación Permanente según el texto constitucional.

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. /n 2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. /n 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. /n 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Constitución Española, artículo Artículo 78

Respuesta correcta: C) Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional.

Por qué es correcta. El artículo 9.4 de la LOPJ establece que el orden contencioso-administrativo conocerá de la responsabilidad patrimonial de la Administración incluso si concurren sujetos privados, debiendo el demandante dirigir su pretensión contra ellos ante este mismo orden.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque habla de sujetos 'públicos' cuando la ley se refiere específicamente a la concurrencia de sujetos 'privados' para atraer la competencia. La opción B es incorrecta porque remite al orden penal.

4. Los Tribunales y Juzgados del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedarán excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se formulen contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán en exclusiva al Tribunal Supremo en los términos establecidos por la ley. /n Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado dirija su pretensión únicamente contra la entidad aseguradora de la Administración, junto con la Administración pública demandada. /n Asimismo, conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de los concesionarios de la Administración cuando la medida reclamada tenga su origen en el ejercicio de potestades administrativas que sean de obligatoria observancia para aquéllos.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: B) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

Por qué es correcta. Según el artículo 69.3 de la Constitución Española, en las provincias insulares, las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) eligen tres senadores cada una, mientras que el resto de islas o agrupaciones eligen uno.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque asigna dos senadores a las islas mayores. La opción C es incorrecta porque asigna cuatro senadores a las islas mayores.

1. El Senado es la Cámara de representación territorial. /n 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. /n 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. /n 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. /n 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. /n 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Constitución Española, artículo Artículo 69