Examen de Policía Local de Tomares 2021: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) Que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa Declaración.

Por qué es correcta. El artículo 2 de la DUDH establece el principio de no discriminación, afirmando que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B no corresponden al contenido literal ni al espíritu del artículo 2 de la Declaración Universal.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. /n Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo Artículo 2

Respuesta correcta: B) Por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Por qué es correcta. La Constitución establece que la bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Por qué fallan las otras. La opción A invierte los colores. La opción C indica franjas verticales, lo cual es incorrecto. La opción D indica que las tres franjas son de la misma anchura, lo cual contradice el texto constitucional.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. /n 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Constitución Española, artículo Artículo 4

Respuesta correcta: C) La justicia.

Por qué es correcta. El artículo 9.3 de la Constitución enumera los principios garantizados, entre los cuales no se encuentra 'la justicia' como principio del ordenamiento, sino que la justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico según el artículo 1.1.

Por qué fallan las otras. La legalidad, la publicidad de las normas y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales son principios expresamente garantizados en el artículo 9.3.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. /n 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. /n 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: C) La Constitución de 1869.

Por qué es correcta. La Constitución de 1869 es considerada la primera constitución democrática de España y destaca por incluir por primera vez una declaración de derechos individuales amplia y explícita.

Por qué fallan las otras. La de 1812 contenía derechos dispersos. La de 1845 era de corte conservador y limitaba derechos. La de 1876 también era restrictiva en comparación con la de 1869.

La Constitución española de 1869 fue la Ley Fundamental que rigió en España desde su promulgación el 6 de junio de 1869 hasta la proclamación de la Primera República en febrero de 1873. Fue la primera constitución democrática de la historia de España, fruto de la Revolución de 1868, y destaca por su amplia declaración de derechos y libertades.

Derecho Constitucional: Antecedentes Constitucionales, artículo Antecedentes

Respuesta correcta: D) El derecho a la propia imagen.

Por qué es correcta. Aunque la imagen propia es un derecho fundamental (Art. 18.1), la pregunta en este examen específico de Tomares 2021, según su plantilla, parece buscar una distinción técnica o hay un error en el planteamiento, ya que todos los mencionados (Honor, Integridad, Secreto y Propia Imagen) son amparables según el Art. 53.2 CE. No obstante, siguiendo la lógica de exclusión de otros exámenes similares, a veces se refiere a derechos no incluidos en la sección 1ª del Capítulo II, pero la propia imagen sí lo está.

Por qué fallan las otras. El derecho al honor (Art. 18.1), a la integridad física (Art. 15) y al secreto de las comunicaciones (Art. 18.3) están plenamente protegidos por el recurso de amparo según el artículo 53.2 de la Constitución.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). /n 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. /n 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Por qué es correcta. El artículo 1.1 de la Constitución Española establece como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ninguna de las opciones A, B o C se encuentra en este listado.

Por qué fallan las otras. La seguridad jurídica y la legalidad (opciones A y B) son principios garantizados por el artículo 9.3, no valores superiores del artículo 1.1. La soberanía nacional (opción C) reside en el pueblo español según el artículo 1.2, pero no es un 'valor superior' del ordenamiento jurídico.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. /n 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. /n 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Constitución Española, artículo Artículo 1

Respuesta correcta: C) Ley 22/1992 de 17 de agosto.

Por qué es correcta. La Ley 22/1992, de 17 de agosto, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introdujo medidas para garantizar la presencia judicial y el control en los registros domiciliarios.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B contienen fechas o números de ley incorrectos para esta materia específica de reforma de la LECrim.

Ley 22/1992, de 17 de agosto, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de diligencias de entrada y registro en lugar cerrado.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal., artículo Ley 22/1992

Respuesta correcta: A) Prohibida.

Por qué es correcta. La Constitución prohíbe expresamente a los Jueces y Magistrados, así como a los Fiscales, mientras se hallen en activo, pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque la Constitución establece una prohibición absoluta de afiliación sindical para estos colectivos mientras estén en activo para garantizar su imparcialidad.

1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

Constitución Española, artículo Artículo 127

Respuesta correcta: B) Habla de la libertad sindical.

Por qué es correcta. El artículo 28.1 de la Constitución Española reconoce el derecho a la sindicación libre como un derecho fundamental.

Por qué fallan las otras. Las causas de inelegibilidad de parlamentarios están en el art. 70. Los derechos inherentes a la persona se mencionan en el art. 10.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Respuesta correcta: B) Predominantemente oral.

Por qué es correcta. La Constitución establece que las actuaciones judiciales serán públicas, con excepciones, pero especifica que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

Por qué fallan las otras. La gratuidad (A) se regula en el art. 119. La publicidad (C) es la regla general pero el art. 120 destaca la oralidad como característica del procedimiento. La motivación (D) se refiere a las sentencias, no al procedimiento en sí.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. /n 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. /n 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Constitución Española, artículo Artículo 120

Respuesta correcta: B) Ministerio Fiscal.

Por qué es correcta. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales.

Por qué fallan las otras. El CGPJ (A) es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional (C) es el intérprete supremo de la Constitución. El Tribunal Supremo (D) es el órgano jurisdiccional superior.

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Constitución Española, artículo Artículo 124

Respuesta correcta: A) Solidaridad.

Por qué es correcta. El artículo 138.2 de la Constitución Española establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque, aunque la igualdad es un valor superior y principio constitucional, el artículo 138.2 menciona específicamente la solidaridad. Las opciones C y D no se corresponden con el tenor literal del artículo citado.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. /n 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Constitución Española, artículo Artículo 138