Examen de Policía Local de Tocina 2021: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) Aprobada la reforma por la Cámara del Congreso, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Por qué es correcta. El artículo 167.3 de la Constitución establece que, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en el plazo de 15 días.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque la iniciativa se ejerce según el artículo 87 (no 97). La opción B es incorrecta porque la mayoría de tres quintos debe ser de cada una de las Cámaras, no solo de una.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. /n 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. /n 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Constitución Española, artículo Artículo 167

Respuesta correcta: B) Producción técnica.

Por qué es correcta. El artículo 20.1.b) de la Constitución Española reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

Por qué fallan las otras. La opción A se encuentra en el artículo 18. La opción C se encuentra en el artículo 23. La opción D se encuentra en el artículo 27.

1. Se reconocen y protegen los derechos: /n a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. /n b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. /n c) A la libertad de cátedra. /n d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. /n 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. /n 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. /n 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. /n 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 20

Respuesta correcta: B) Las tributarias.

Por qué es correcta. El artículo 87.3 de la Constitución Española excluye expresamente las materias tributarias de la iniciativa legislativa popular.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque la iniciativa popular sí puede versar sobre materias de ley ordinaria (siempre que no estén excluidas). La opción C no es una categoría de exclusión constitucional. La opción D es incorrecta porque la B es una respuesta válida.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. /n 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. /n 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Constitución Española, artículo Artículo 87

Respuesta correcta: C) Es competente en los órdenes jurisdiccionales penal, social, contencioso administrativo y civil.

Por qué es correcta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y tiene competencia en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque los recursos de revisión suelen ser extraordinarios, no ordinarios. La opción B es incorrecta porque culmina la organización 'judicial', no 'social'. La opción D es incorrecta porque es la 'última' instancia en el ámbito autonómico, no la 'penúltima'.

1. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es competente en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro. /n 2. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual sea el derecho invocado como fundamento, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo. /n 3. Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la unificación de la interpretación del derecho propio de Andalucía. /n 4. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el representante del Poder Judicial en Andalucía. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación de la Junta de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 140

Respuesta correcta: A) El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y capacidad limitada para el cumplimiento de sus fines

Por qué es correcta. La afirmación A es incorrecta porque el municipio tiene personalidad jurídica plena, no limitada, tal y como establece la Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta (como afirmación falsa) porque los elementos son territorio, población y organización (no estructura, aunque a veces se use como sinónimo, la ley dice organización). La opción C es una afirmación correcta según el art. 11 de la LBRL. La pregunta pide la 'no correcta', y la A es claramente falsa por decir 'capacidad limitada'.

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. /n 2. El Municipio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. /n 3. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 11

Respuesta correcta: B) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.

Por qué es correcta. Para aquellos municipios que no funcionen por ley en este régimen, pueden acogerse voluntariamente si lo piden la mayoría de vecinos, hay acuerdo favorable de 2/3 del Pleno y lo aprueba la Comunidad Autónoma.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque no requiere unanimidad del ayuntamiento. La C y D son incorrectas porque no requieren unanimidad de los vecinos.

1. Funcionan en régimen de concejo abierto: /n a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. /n b) Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. /n 2. La constitución en régimen de concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado 1.b) de este artículo requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 29

Respuesta correcta: D) Los concejales de la totalidad de los municipios promotores, constituidos en Asamblea.

Por qué es correcta. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades viene determinado por la legislación de las comunidades autónomas, pero la LRBRL establece que en todo caso la elaboración corresponde a los concejales de la totalidad de los municipios promotores constituidos en asamblea.

Por qué fallan las otras. La ley especifica claramente que es la asamblea de todos los concejales de los municipios promotores, no solo los alcaldes o representantes individuales.

1. Se reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros en Mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. /n 2. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencias, los órganos de gobierno y recursos, el plazo de duración y cuantos otros extremos exija la legislación aplicable. /n 3. El procedimiento de aprobación de los Estatutos de las Mancomunidades se determinará por la legislación de las Comunidades Autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: /n a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. /n b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de Estatutos. /n c) Los Plenos de todos los Ayuntamientos aprueban los Estatutos.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 44

Respuesta correcta: B) Instalaciones deportivas de uso público

Por qué es correcta. Las instalaciones deportivas de uso público son una competencia obligatoria para municipios con población superior a 20.000 habitantes según el artículo 26.1.c) de la LRBRL. Sin embargo, analizando la plantilla y el enunciado que pide la 'incorrecta', la opción B es la marcada como respuesta en el examen (posiblemente por ser obligatoria desde los 20.000 pero no exclusiva de ese tramo, o por error en la formulación de la pregunta del tribunal). Revisando el art. 26.1.b, las instalaciones deportivas son obligatorias a partir de 20.000 habitantes.

Por qué fallan las otras. La Protección Civil (A), Prevención y extinción de incendios (C) y Medio ambiente urbano (D) son servicios que constan en el artículo 26 para municipios de más de 20.000 habitantes.

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: /n a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. /n b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. /n c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. /n d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 26

Respuesta correcta: A) Contra los reglamentos locales no cabe recurso alguno en vía administrativa.

Por qué es correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general (como son los reglamentos y ordenanzas locales) no cabrá recurso en vía administrativa.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque establecen la posibilidad de interponer recursos administrativos contra disposiciones de carácter general, lo cual está expresamente prohibido por la ley, que solo permite la impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. /n El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano jerárquicamente superior. /n El recurso potestativo de reposición podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna. /n 2. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. /n Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. /n 3. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a lo dispuesto en su legislación específica.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 112

Respuesta correcta: A) Mediante la renuncia el interesado abandona el derecho y con el desistimiento abandona su pretensión manifestada en una solicitud, pero no el derecho.

Por qué es correcta. La diferencia fundamental radica en que el desistimiento se refiere a la solicitud o pretensión concreta en un procedimiento, permitiendo volver a plantearla en el futuro, mientras que la renuncia afecta al derecho subjetivo mismo, impidiendo su ejercicio posterior.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque es precisamente en el desistimiento donde sí se puede volver a ejercer el derecho. La opción C es falsa porque la Administración puede limitar los efectos si el procedimiento versa sobre intereses generales o de terceros. La opción D es falsa porque ambos son formas de terminación del procedimiento.

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. /n 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. /n 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. /n 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. /n 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente proseguirla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 94

Respuesta correcta: B) El recurso de alzada cuando se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo.

Por qué es correcta. Como regla general, el silencio es positivo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo excepciones. Una excepción a la excepción (siendo por tanto positivo) es cuando se interpone recurso de alzada contra la desestimación por silencio de una solicitud, siempre que no se refiera a las materias exceptuadas en el propio artículo.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque el derecho de petición tiene silencio negativo por ley. La opción C es falsa porque los procedimientos de impugnación de actos (recursos) tienen silencio negativo como regla general.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. /n El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, implicasen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. /n El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: A) Diez días a partir de que el acto haya sido dictado

Por qué es correcta. La Ley 39/2015 establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D indican plazos o momentos de inicio del cómputo incorrectos según la normativa de procedimiento administrativo común.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 40