Examen de Policía Local de Tarifa 2020: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) 9.2 y 14 de la Constitución

Por qué es correcta. La Constitución Española consagra la igualdad en el artículo 9.2 como una obligación de los poderes públicos para que sea real y efectiva, y en el artículo 14 como un derecho fundamental de igualdad ante la ley.

Por qué fallan las otras. El artículo 9.3 se refiere a los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, etc., no específicamente a la igualdad. El artículo 14.1 no existe como tal en la estructura de la Constitución, ya que el artículo 14 es un artículo único sin subdivisiones numeradas en su enunciado principal.

Artículo 9 /n 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. /n Artículo 14 /n Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Constitución Española, artículo Artículo 9 y Artículo 14

Respuesta correcta: C) Uno de los principios rectores de la política social y económica.

Por qué es correcta. El artículo 39 de la Constitución Española, que establece la protección integral de los hijos y su igualdad ante la ley, se encuentra ubicado en el Capítulo III del Título I, titulado 'De los principios rectores de la política social y económica'.

Por qué fallan las otras. No se encuentra en la Sección 1ª (derechos fundamentales) ni en la Sección 2ª (derechos y deberes de los ciudadanos) del Capítulo 2º, sino en el Capítulo 3º. La opción D es falsa porque sí se contempla expresamente en el texto de 1978.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. /n 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. /n 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. /n 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 39

Respuesta correcta: D) 10/12/1948, de la ONU

Por qué es correcta. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948 en París.

Por qué fallan las otras. Las fechas de 1947 son incorrectas. Aunque NNUU y ONU se refieren a la misma organización, la fecha exacta aceptada internacionalmente es el 10 de diciembre de 1948.

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana... La Asamblea General proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse...

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo Preámbulo

Respuesta correcta: B) Solamente inspirarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Por qué es correcta. El artículo 53.3 de la Constitución establece que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios del Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el recurso de amparo solo protege los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del 30. La opción C y D son incorrectas porque estos principios solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: C) La declaración del estado de excepción o de sitio.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la Constitución Española establece que los derechos allí mencionados pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio.

Por qué fallan las otras. La opción A y B son incorrectas porque en el estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales, solo limitar su ejercicio. La opción D es falsa porque la Constitución sí prevé la suspensión en casos determinados.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la CE permite la suspensión del derecho a la libertad de expresión e información (art. 20.1.a, 20.1.d y 20.5) cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio.

Por qué fallan las otras. El derecho al honor (opción A) y el derecho a la educación (opción D) no son susceptibles de suspensión bajo el artículo 55.1. El derecho de asociación (opción C) sí es suspendible, pero la opción B es la respuesta que suele figurar como correcta en este examen específico según plantilla.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: D) Los derechos reconocidos en los artículos 17, excepto apartado 3, 18.2 y 3, 19, 20.1 a) y d), 20.5, 21, 28.2 y 37.2.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la Constitución Española enumera taxativamente los derechos que pueden ser suspendidos en los estados de excepción y sitio. Estos incluyen la libertad y seguridad (Art. 17, salvo el 17.3 en el estado de excepción), la inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicaciones (18.2 y 3), libertad de residencia y circulación (19), libertades de expresión e información (20.1 a, d y 20.5), derecho de reunión (21), derecho de huelga (28.2) y conflicto colectivo (37.2).

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C omiten o incluyen incorrectamente apartados específicos de los artículos mencionados en el artículo 55.1 de la CE.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) 12 entre Jueces y Magistrados, 8 entre abogados y juristas.

Por qué es correcta. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Por qué fallan las otras. La opción A es incompleta. Las opciones C y D indican números de miembros (15 y 15) que no se corresponden con el reparto constitucional de 12 y 8 (4+4).

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Constitución Española, artículo Artículo 122

Respuesta correcta: C) Afiliación a un partido político.

Por qué es correcta. A diferencia de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, a los miembros del Tribunal Constitucional no se les prohíbe la afiliación a partidos políticos, sino el desempeño de funciones directivas en ellos.

Por qué fallan las otras. La opción A es incompatible (mandato representativo). La opción B es incompatible expresamente por el artículo 159.4 CE. La opción D es incompatible (ejercicio de carreras magistral y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil).

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. /n En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 159

Respuesta correcta: D) Cinco días.

Por qué es correcta. El artículo 113.3 de la Constitución Española establece que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incorrectas porque el plazo constitucional mínimo de 'enfriamiento' es de cinco días.

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. /n 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. /n 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. /n 4. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Constitución Española, artículo Artículo 113

Respuesta correcta: A) Para ejercer la Regencia.

Por qué es correcta. El artículo 59.4 de la Constitución Española exige expresamente que para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

Por qué fallan las otras. Para la tutela testamentaria (opción B) el artículo 60.1 exige ser español de nacimiento, pero la pregunta pide identificar el caso imprescindible según las opciones dadas. La opción C es incorrecta porque el Rey lo es por sucesión dinástica, no por un requisito de 'nacimiento' en el sentido de nacionalidad adquirida. La opción D une ambas, pero la Regencia es el caso más claro definido en el Título II.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

Constitución Española, artículo Artículo 59

Respuesta correcta: A) Ejecución.

Por qué es correcta. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la competencia sobre la expedición de títulos universitarios es una competencia de ejecución.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque el Estatuto califica específicamente esta materia como competencia de ejecución, no de desarrollo legislativo ni exclusiva.

Corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria: /n 1. La competencia exclusiva sobre: /n a) La programación y la coordinación del sistema universitario andaluz en el marco de la coordinación general. /n b) La creación de universidades públicas y la autorización de las privadas. /n c) La aprobación de los estatutos de las universidades públicas y de las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas. /n d) La coordinación de los procedimientos de acceso a las universidades. /n e) El marco jurídico de los títulos propios de las universidades. /n f) La financiación propia de las universidades y, en su caso, la gestión de las inversiones y de las subvenciones estatales en materia de enseñanza universitaria. /n g) El régimen retributivo del personal docente e investigador contratado de las universidades públicas y el establecimiento de las retribuciones adicionales del personal funcionario. /n 2. La competencia compartida sobre: /n a) La regulación del régimen de acceso a la universidad. /n b) La regulación del régimen de los títulos universitarios oficiales. /n c) La regulación del sistema de becas y ayudas a la formación universitaria. /n d) El régimen jurídico de la organización y el funcionamiento de las universidades públicas, incluyendo el régimen del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios. /n e) La evaluación y la garantía de la calidad y de la excelencia de la enseñanza universitaria, así como del personal docente e investigador. /n 3. La competencia de ejecución sobre la expedición de títulos universitarios.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 53