Examen de Policía Local de Sevilla 2023 (movilidad vertical): preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) El derecho a la educación.

Por qué es correcta. El derecho a la educación está recogido en el artículo 27 de la CE, dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, que son los derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto.

Por qué fallan las otras. El derecho al matrimonio (art. 32) y el derecho a la propiedad privada (art. 33) se encuentran en la Sección 2ª del Capítulo II, que son derechos y deberes de los ciudadanos, pero no gozan del máximo nivel de protección (recurso de amparo y reserva de ley orgánica) que define a los derechos fundamentales de la Sección 1ª.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. /n 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. /n 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. /n 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. /n 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. /n 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. /n 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. /n 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. /n 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. /n 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Constitución Española, artículo Artículo 27

Respuesta correcta: B) La libertad de creación de centros docentes solo podrá regularse por Ley Orgánica.

Por qué es correcta. La libertad de creación de centros docentes está recogida en el artículo 27.6 de la Constitución. Al ser un derecho fundamental comprendido en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, su desarrollo debe realizarse mediante Ley Orgánica según el artículo 81.1 CE.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque al estar en el artículo 27, es susceptible de recurso de amparo (art. 53.2 CE). La opción C es falsa porque las leyes ordinarias no pueden regular el desarrollo de derechos fundamentales.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. /n 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Constitución Española, artículo Artículo 81

Respuesta correcta: A) Ley.

Por qué es correcta. El artículo 7.2 de la LBRL establece taxativamente que las competencias propias de los Municipios, las Provincias y las Islas solo podrán ser determinadas por Ley.

Por qué fallan las otras. Aunque una Ley Orgánica (B) o un Real Decreto Legislativo (C) tienen rango de ley, el precepto legal utiliza el término genérico 'Ley' para referirse a la reserva de ley ordinaria o autonómica que debe definir estas competencias.

2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias y las Islas solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 7

Respuesta correcta: A) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Por qué es correcta. El artículo 21.1.ñ) [aunque la pregunta cita la letra l, el contenido de la opción A corresponde a la ñ] de la LBRL atribuye al Alcalde las contrataciones y concesiones dentro de los límites económicos y temporales descritos en la opción A.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque la declaración de lesividad es competencia del Pleno (Art. 22.2.k). La opción C es incorrecta porque la aceptación de la delegación de competencias también es competencia del Pleno (Art. 22.2.p).

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: /n [...] /n ñ) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: C) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

Por qué es correcta. El artículo 7.4 establece que las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal y no se incurra en duplicidad, requiriendo informes previos.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque la ley permite ejercer otras competencias bajo ciertas condiciones. La opción B es falsa porque la ley no exige haber 'amortizado toda su deuda financiera', sino que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y se cumplan otros requisitos.

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 7

Respuesta correcta: C) Se les podrá exigir una licencia u otro control preventivo, cuando por dichas razones de orden público no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

Por qué es correcta. El artículo 84 bis establece que el sometimiento a licencia es excepcional y solo cabe cuando razones de orden público, entre otras, no puedan salvaguardarse mediante declaración responsable o comunicación.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B no reflejan el carácter excepcional y subsidiario de la licencia frente a la declaración responsable que impone la normativa básica estatal para el acceso a actividades económicas.

1. Con carácter general, el ejercicio de actividades comerciales y de servicios no estará sometido a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. /n No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades comerciales o de servicios que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad pública o el orden público, la salud pública o que impliquen el uso privativo u ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y sea proporcionada. /n 2. En los supuestos en que, de acuerdo con el apartado anterior, se exija una licencia u otro medio de control preventivo, si por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente no pueden salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación, se podrá exigir una licencia u otro control preventivo.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 84 bis

Respuesta correcta: C) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

Por qué es correcta. El artículo 35.1, letra g) de la Ley 39/2015 establece explícitamente que deben ser motivados los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el artículo 35.1.e) se refiere a los actos que rechacen pruebas, no a los que las aprueben. La opción B es incorrecta porque la anulación de actos se recoge en el 35.1.b) y las medidas provisionales en el 35.1.d).

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: /n a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. /n b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. /n c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. /n d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. /n e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. /n f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. /n g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. /n h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. /n i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. /n 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará conforme a lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 35

Respuesta correcta: A) Inferior a diez días ni superior a quince.

Por qué es correcta. El artículo 82.2 de la Ley 39/2015 establece que el plazo para el trámite de audiencia será no inferior a diez ni superior a quince días.

Por qué fallan las otras. Los plazos de 15-20 días o 20-30 días no se corresponden con lo establecido para el trámite de audiencia en la normativa de procedimiento administrativo común.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 82

Respuesta correcta: B) En los plazos fijados en meses, si en el mes del vencimiento no hubiera un día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Por qué es correcta. El artículo 30.4 de la Ley 39/2015 establece que si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque en ese caso el día se considera inhábil en todo caso (Art. 30.6). La opción C es incorrecta porque la ley no traslada el vencimiento al mes siguiente, sino al último día del mes actual.

4. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. /n El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 30

Respuesta correcta: A) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Por qué es correcta. El artículo 51 establece que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones 'podrá' disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque utiliza el término 'dispondrá siempre', cuando la ley otorga una facultad potestativa ('podrá'). La opción C es incorrecta porque añade una condición de 'salvo oposición expresa de terceros interesados' que no figura en el texto legal.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 51

Respuesta correcta: A) El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, cuando se den determinadas circunstancias, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución.

Por qué es correcta. El artículo 89.1 de la Ley 39/2015 permite al órgano instructor resolver la finalización del procedimiento con archivo de actuaciones sin propuesta de resolución en casos específicos (inexistencia de hechos, no infracción, falta de autoría o prescripción).

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque el instructor no propone el archivo, sino que lo resuelve él mismo. La opción C es incorrecta porque el archivo directo por el instructor es una excepción legal a la necesidad de propuesta de resolución.

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: /n a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. /n b) Cuando los hechos no resulten acreditados. /n c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. /n d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o aparezcan exentas de responsabilidad. /n e) Cuando haya concluido la infracción.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 89

Respuesta correcta: C) En determinados supuestos el sentido del silencio en un recurso de alzada puede ser estimatorio.

Por qué es correcta. El artículo 24.1 establece que el silencio es desestimatorio en recursos, salvo cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, en cuyo caso el silencio será estimatorio (doble silencio positivo).

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque el recurso de reposición tiene un plazo de un mes. La opción B es falsa porque existe la excepción del doble silencio positivo en la alzada.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la existencia de razones imperiosas de interés general. /n El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, implicasen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. /n El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 24