Examen de Policía Local de San Juan de Aznalfarache 2024: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) El rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los diputados.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que el referéndum consultivo será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son incorrectas porque el sujeto que propone la convocatoria es exclusivamente el Presidente del Gobierno, no el Presidente del Congreso, el de ambas cámaras o el del Senado.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. /n 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. /n 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Constitución Española, artículo Artículo 92

Respuesta correcta: B) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por qué es correcta. El artículo 8.1 de la Constitución Española establece literalmente que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por qué fallan las otras. La opción A utiliza la palabra 'dependencia' en lugar de 'independencia'. La opción C añade 'seguridad ciudadana', función que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no a las Fuerzas Armadas como misión constitucional principal.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. /n 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Constitución Española, artículo Artículo 8

Respuesta correcta: C) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Por qué es correcta. La Constitución establece el fuero especial para los miembros de las Cortes Generales, determinando que la competencia para conocer de las causas penales contra ellos corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Por qué fallan las otras. El Tribunal Constitucional no tiene competencias penales ordinarias (opciones A y B). La Sala de lo Civil y Penal (opción D) no es la competente para causas penales contra Diputados y Senadores según el art. 71.3, sino específicamente la Sala de lo Penal.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Constitución Española, artículo Artículo 71

Respuesta correcta: B) A partir del día siguiente de su publicación.

Por qué es correcta. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D son incorrectas porque el artículo 164.1 de la Constitución Española establece específicamente que el valor de cosa juzgada se adquiere a partir del día siguiente de su publicación, no a los veinte días, quince días o el mismo día.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. /n 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Constitución Española, artículo Artículo 164

Respuesta correcta: A) El estatuto de autonomía respectivo.

Por qué es correcta. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sede de los Tribunales Superiores de Justicia se fija en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Por qué fallan las otras. La LOPJ establece el marco general pero remite la fijación de la sede concreta al Estatuto de Autonomía. El CGPJ no tiene competencia para fijar la sede de estos tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma tomará el nombre de ésta y tendrá su sede en la ciudad que disponga el Estatuto de Autonomía. Si éste no lo estableciera, el Tribunal Superior de Justicia tendrá su sede en la ciudad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Artículo 71

Respuesta correcta: B) La propia constitución.

Por qué es correcta. El artículo 140 de la Constitución Española garantiza expresamente la autonomía de los municipios en su propio texto.

Por qué fallan las otras. Aunque la ley regula aspectos del régimen local, la garantía de la autonomía emana directamente de la Constitución (opción B), no de una ley ordinaria, orgánica o de la provincia.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto.

Constitución Española, artículo Artículo 140

Respuesta correcta: A) Título I de la Constitución y Título I del Estatuto de Autonomía.

Por qué es correcta. El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del presente Estatuto.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque el artículo 128.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía limita expresamente su ámbito de actuación a los derechos del Título I de la Constitución y el Título I del Estatuto, no incluyendo el Título II de ninguno de ellos ni la totalidad del Estatuto.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del presente Estatuto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. /n 2. El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría de tres quintos. /n 3. La organización, funciones y duración del mandato se regularán por ley.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 128

Respuesta correcta: B) Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.

Por qué es correcta. Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres, además del Presidente y el Secretario.

Por qué fallan las otras. La mayoría absoluta (mitad más uno) se requiere para votar ciertos acuerdos, no para la constitución mínima del órgano. El número mínimo es tres, no cinco.

2. c) Las sesiones plenarias se constituyen válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la misma, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 46

Respuesta correcta: B) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

Por qué es correcta. La Ley de Bases del Régimen Local define los bienes comunales específicamente como aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

Por qué fallan las otras. Los bienes destinados a un uso o servicio público son bienes de dominio público o demaniales, pero no necesariamente comunales. Los comunales son una subcategoría con un régimen de aprovechamiento vecinal específico.

3. Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 79

Respuesta correcta: B) 6 meses.

Por qué es correcta. Según el artículo 21.2, el plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan uno mayor.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque 3 meses es el plazo supletorio cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen uno. Las opciones C y D son plazos no contemplados como límites máximos generales en este artículo.

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. /n 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. /n Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. /n 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: /n a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. /n b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: B) 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Por qué es correcta. El artículo 43.2 establece que las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. No obstante, se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceso.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el plazo se cuenta en días naturales, no hábiles. Las opciones C y D son incorrectas porque el número de días fijado por la ley es diez, no quince.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. /n A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. /n 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. /n Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 43

Respuesta correcta: D) Todas son correctas.

Por qué es correcta. Tanto la lesión de derechos fundamentales (Título I CE) como el contenido imposible son causas de nulidad de pleno derecho según el artículo 47.1. Aunque la opción B menciona incompetencia por jerarquía (que suele ser anulabilidad), al estar las opciones A y C incluidas en el listado de nulidad, la respuesta 'Todas son correctas' se valida por la estructura del examen.

Por qué fallan las otras. Nota: La opción B es técnicamente incorrecta según el tenor literal del art. 47.1.b (que exige incompetencia por razón de la materia o del territorio), siendo la jerárquica causa de anulabilidad (art. 48.3). Sin embargo, en el contexto de este examen oficial, se marca la D como válida asumiendo el conjunto de vicios graves.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: /n a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. /n b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. /n c) Los que tengan un contenido imposible. /n d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. /n e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. /n f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. /n g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. /n 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 47