Examen de Policía Local de Rute 2017: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) Todas las anteriores son correctas.

Por qué es correcta. El artículo 3 de la LBRL enumera tanto al Municipio como a las entidades de ámbito territorial inferior y otras agrupaciones como entidades locales.

Por qué fallan las otras. Aunque los consorcios no aparecen en el listado del art. 3.1, la pregunta parece referirse a la totalidad de entes que tienen consideración local en el bloque normativo, y el Municipio (opción D) y las entidades inferiores (opción C) sí están expresamente en el art. 3.

1. Son entidades locales territoriales: /n a) El Municipio. /n b) La Provincia. /n c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. /n 2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: /n a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instaladas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. /n b) Las Áreas Metropolitanas. /n c) Las Mancomunidades de Municipios.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 3

Respuesta correcta: A) Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública

Por qué es correcta. La Ley de Bases de Régimen Local establece que para el ejercicio de competencias distintas de las propias o delegadas se requiere que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y no haya ejecución simultánea.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D mencionan conceptos como 'Periodo Medio de Pago', 'resultado presupuestario' o 'estabilidad presupuestaria' que, aunque relacionados con la hacienda, no son los términos literales que definen la condición de ejercicio de competencias impropias en el artículo 7.4.

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios los informes preceptivos y vinculantes de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 7

Respuesta correcta: B) Ante el órgano que dictó el acto impugnado en cualquier caso.

Por qué es correcta. Los actos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Por qué fallan las otras. La ley establece que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto, sin excepciones de 'regla general' o distinción con el órgano que inició el procedimiento, y nunca ante el superior jerárquico (eso sería un recurso de alzada).

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. /n 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 123

Respuesta correcta: A) Obedecerán en todo caso las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores.

Por qué es correcta. Los empleados públicos deben obedecer las instrucciones salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso deben ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección.

Por qué fallan las otras. La opción B es un deber recogido en el art. 52.6. La opción C es un deber/derecho recogido en el art. 54.8. La opción D es un deber de imparcialidad del art. 53.5.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público., artículo Artículo 54

Respuesta correcta: D) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores.

Por qué es correcta. La excedencia voluntaria por interés particular requiere haber prestado servicios efectivos durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, no tres.

Por qué fallan las otras. La opción A es correcta según el art. 89.4 del TREBEP. La opción B es correcta según la normativa de provisión de puestos. La opción C es correcta según el art. 12.1.a de la Ley 53/1984.

2. La excedencia voluntaria por interés particular podrá concederse siempre que lo permitan las necesidades del servicio y en los términos que reglamentariamente se determinen. Para obtener el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. /n No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán establecer una duración menor del período de prestación de servicios exigido para solicitarla y determinarán los períodos mínimos de permanencia en la misma.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público., artículo Artículo 89

Respuesta correcta: B) Diez a quince años.

Por qué es correcta. El artículo 138.1 del Código Penal establece que el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D proponen marcos penales que no corresponden al tipo básico del homicidio del artículo 138.1.

1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años. /n 2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos: /n a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o /n b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo Artículo 138

Respuesta correcta: A) Los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida. o sobre los que acudiesen en auxilio de la victima o que le persiguieren.

Por qué es correcta. El robo se define por el apoderamiento con ánimo de lucro usando fuerza en las cosas (para acceder o abandonar) o violencia/intimidación en las personas (al cometerlo, para huir o contra auxiliadores).

Por qué fallan las otras. La opción B describe el hurto. La opción C es incompleta al omitir el ánimo de lucro y la violencia en las personas. La opción D es incompleta.

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo Artículo 237

Respuesta correcta: B) La conducción de un vehículo a motor o un ciclomotor a una velocidad superior en sesenta por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, y que la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 miligramos por litro o bien que la tasa de alcohol en sangre sea superior a 1,2 gramos por litro.

Por qué es correcta. El artículo 380.2 del Código Penal establece una presunción 'iuris et de iure' de temeridad manifiesta cuando concurren simultáneamente los excesos de velocidad del art. 379.1 y las tasas de alcohol o influencia del art. 379.2.

Por qué fallan las otras. La opción C es incorrecta porque indica 50 km/h en vía urbana, cuando el tipo del 379.1 exige superar en 60 km/h la velocidad permitida en vía urbana. La opción D es incorrecta por las tasas de alcohol indicadas.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. /n 2. A los efectos del presente precepto, se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado 1 y en el inciso segundo del apartado 2 del artículo anterior.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo Artículo 380

Respuesta correcta: A) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, debiendo ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial dentro de los plazos establecidos en el Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque el plazo máximo constitucional es de 72 horas, no 48. La opción C es incompleta al omitir el límite máximo temporal de 72 horas. La opción D es incorrecta porque la puesta en libertad o disposición judicial debe ser inmediata tras las averiguaciones, no necesariamente agotando las 72 horas.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. /n 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. /n 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. /n 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Constitución Española, artículo Artículo 17

Respuesta correcta: A) Ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.

Por qué es correcta. El artículo 496 establece el plazo de 24 horas para que el particular o agente ponga en libertad o entregue al juez al detenido.

Por qué fallan las otras. Los plazos de 48 o 72 horas son para la detención preventiva general, pero el artículo 496 especifica concretamente 24 horas para la puesta a disposición judicial o libertad.

El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los artículos 490, 491 y 492, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. /n Si prolongare la detención por más de este tiempo, incurrirá en la pena que el Código Penal señala al que detuviere a una persona fuera de los casos permitidos por la Ley o sin las formalidades que ella prescribe.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal., artículo Artículo 496

Respuesta correcta: A) Desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento.

Por qué es correcta. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento.

Por qué fallan las otras. La opción C es restrictiva, ya que la ley contempla más supuestos además de la detención. La opción D es redundante con la A pero incompleta.

1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo fin se le instruirá, sin demora injustificada, de sus derechos.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal., artículo Artículo 118

Respuesta correcta: B) Por el que lo haya extendido. siendo invitadas a firmarlo las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado, que lo firmarán en la parte a ellos referente.

Por qué es correcta. El artículo 297 de la LECrim establece que los atestados serán firmados por el que los haya extendido, y si se hallare presente el Jefe de la fuerza o unidad que haya practicado las diligencias, lo hará también él. Asimismo, se invitará a firmar a las personas presentes, peritos y testigos.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque no solo firman los testigos, sino también el instructor y se invita a peritos y presentes. La opción C es incorrecta porque no es exclusivo del instructor. La opción D es incorrecta porque no es obligatorio para todas las personas presentes, sino que se les invita a hacerlo.

Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales. /n Las demás declaraciones que hicieren en el juicio oral, como testigos, los funcionarios de Policía judicial que hubiesen intervenido en el atestado, tendrán el valor de declaraciones testifícales, apreciables según las reglas del criterio racional. /n Los atestados serán firmados por el que los haya extendido, y si se hallare presente el Jefe de la fuerza o unidad que haya practicado las diligencias, lo hará también él. /n Se invitará a firmar a las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado, que lo firmarán en la parte a ellos referente. Si no pudieren o no quisieren firmar, se hará constar por diligencia.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal., artículo Artículo 297