Examen de Policía Local de Rincón de la Victoria 2018: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) Cuestión de inconstitucionalidad.

Por qué es correcta. La cuestión de inconstitucionalidad solo puede ser planteada por Jueces y Tribunales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al caso pueda ser contraria a la Constitución.

Por qué fallan las otras. La opción A y C son incorrectas porque el Defensor del Pueblo sí está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad (Art. 162.1.a CE) y el recurso de amparo (Art. 162.1.b CE).

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Constitución Española, artículo Artículo 163

Respuesta correcta: A) No se admite.

Por qué es correcta. La Constitución Española prohíbe expresamente el ejercicio del derecho de petición mediante manifestaciones colectivas.

Por qué fallan las otras. La prohibición es absoluta para el derecho de petición (art. 29.2 CE), no depende de si son militares o no, aunque los militares tienen además la restricción de ejercerlo solo individualmente.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. /n 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Constitución Española, artículo Artículo 29

Respuesta correcta: A) 23.

Por qué es correcta. El artículo 23 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la participación política y al acceso a cargos públicos.

Por qué fallan las otras. El artículo 25 se refiere al principio de legalidad penal y sanciones; el 35 al derecho al trabajo; y el 40 a los principios rectores de la política social y económica.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. /n 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 23

Respuesta correcta: B) No es necesaria en caso alguno.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que el derecho de reunión pacífica y sin armas no necesita autorización previa.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque en lugares de tránsito público se requiere comunicación previa, no autorización. La opción C se refiere a la prohibición, no a la autorización previa. La opción D es falsa por el principio general de no autorización.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: D) Pleno del propio Tribunal de Cuentas.

Por qué es correcta. El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Pleno en la forma que determine su Ley Orgánica.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incorrectas ya que la propuesta emana directamente del Pleno del propio Tribunal, aunque los consejeros sí son designados por las Cortes.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. /n Se vinculará directamente a las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. /n 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. /n El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. /n 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. /n 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Constitución Española, artículo Artículo 136

Respuesta correcta: C) Delibera.

Por qué es correcta. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque la decisión es exclusiva del Presidente. La opción B es falsa porque la deliberación no implica un dictamen vinculante. La opción D es falsa porque la Constitución exige la deliberación previa.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Constitución Española, artículo Artículo 112

Respuesta correcta: B) Primero.

Por qué es correcta. El Título I del Estatuto de Autonomía para Andalucía se denomina 'Derechos sociales, deberes y políticas públicas'.

Por qué fallan las otras. El Título Preliminar trata sobre las disposiciones generales. El Título III trata sobre las competencias de la Comunidad Autónoma. El Título V trata sobre las Instituciones de la Junta de Andalucía.

TÍTULO I. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. /n CAPÍTULO I. Disposiciones generales. /n CAPÍTULO II. Derechos y deberes. /n CAPÍTULO III. Principios rectores de las políticas públicas. /n CAPÍTULO IV. Garantías.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Título I

Respuesta correcta: B) Parlamento de Andalucía en sí.

Por qué es correcta. El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces designados por los Partidos o Grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta de Andalucía ante el Parlamento.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el Rey nombra, no recibe la propuesta inicial. La opción C es quien hace la propuesta, no a quien se le hace. La opción D es incorrecta porque el Consejo de Gobierno es el órgano ejecutivo.

1. El Presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el Parlamento y nombrado por el Rey. /n 2. El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces designados por los Partidos o Grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta de Andalucía. /n 3. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. /n 4. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 118

Respuesta correcta: C) Rechazará.

Por qué es correcta. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado. No se admitirán las quejas anónimas.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son incorrectas porque la ley prohíbe expresamente la admisión de quejas anónimas, obligando a su rechazo.

1. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. /n 2. No se admitirán las quejas anónimas, y el Defensor del Pueblo Andaluz podrá rechazar aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquéllas cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso.

Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: D) Ninguno.

Por qué es correcta. Ni la Ley de Bases del Régimen Local ni el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local otorgan una denominación específica legal como 'vecinos' o 'residentes' a nivel provincial de la misma forma que se hace en el municipio. El término 'vecino' es propio de la condición de inscrito en el Padrón municipal.

Por qué fallan las otras. La condición de 'vecino' (opción A) se adquiere por la inscripción en el Padrón municipal (Art. 15 LBRL). 'Provincianos' (opción B) es un gentilicio coloquial o geográfico, no una categoría jurídica administrativa. 'Residentes' (opción C) es un concepto general pero no el nombre legal específico por la condición de habitante de una provincia.

1. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. /n 2. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. /n 3. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. /n 4. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 15

Respuesta correcta: D) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por qué es correcta. El Código Civil establece con carácter general el plazo de veinte días para la entrada en vigor de las leyes (vacatio legis) si no se dispone otra cosa.

Por qué fallan las otras. Los plazos de siete, diez o quince días no son el plazo supletorio general establecido por el Código Civil para la entrada en vigor de las normas.

1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. /n 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. /n 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, artículo Artículo 2

Respuesta correcta: B) Reglamentos de necesidad.

Por qué es correcta. Los reglamentos de necesidad son aquellos dictados por la Administración en situaciones excepcionales o de emergencia que pueden incluso suspender la vigencia de normas de rango superior temporalmente para proteger el interés público.

Por qué fallan las otras. Aunque son excepcionales por su naturaleza, el término técnico jurídico correcto es 'reglamentos de necesidad'. Los reglamentos 'contra legem' están prohibidos por el principio de jerarquía normativa, salvo en estos casos de necesidad extrema.

La potestad reglamentaria. /n 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno de las Entidades Locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 128