Examen de Policía Local de Priego de Córdoba 2021: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) El estado de Sitio

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la Constitución Española permite la suspensión de ciertos derechos cuando se declare el estado de excepción o el de sitio. Sin embargo, el artículo 17.3 (derechos del detenido) solo puede suspenderse en el estado de sitio, según se desprende de la lectura combinada del artículo 55.1 y la Ley Orgánica 4/1981.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el artículo 55.1 CE no incluye el apartado 3 del artículo 17 entre los derechos suspendibles en estado de excepción (solo menciona el 17.1 y 17.2). La opción C es incorrecta porque sí es posible su suspensión en el estado de sitio.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) No requiere autorización previa

Por qué es correcta. El artículo 21.1 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, especificando explícitamente que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque la Constitución prohíbe la autorización previa para reuniones pacíficas. La opción C es falsa porque el artículo 21.1 sí establece este extremo.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: B) Segundo

Por qué es correcta. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece literalmente que 'El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito'.

Por qué fallan las otras. El apartado 1 se refiere al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El apartado 3 se refiere al secreto de las comunicaciones.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: C) Artículo 24

Por qué es correcta. El artículo 24 de la Constitución Española establece el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

Por qué fallan las otras. El artículo 28 regula la libertad de sindicación y el derecho a la huelga. El artículo 34 regula el derecho de fundación.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. /n 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. /n La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: C) LO 7/80

Por qué es correcta. La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, es la norma que desarrolla este derecho fundamental reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española.

Por qué fallan las otras. La Ley 7/93 y la LO 12/82 no son las leyes orgánicas reguladoras de la libertad religiosa.

1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica. /n 2. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas. /n 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, artículo Artículo 1

Respuesta correcta: A) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres

Por qué es correcta. La Constitución Española establece en su artículo 159.3 que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta ya que el mandato no es de cuatro años. La opción C es incorrecta porque el periodo de mandato es de nueve años y la renovación parcial es cada tres años, no cada dos.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. /n 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. /n 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. /n 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. /n En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. /n 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Constitución Española, artículo Artículo 159

Respuesta correcta: C) Ambas respuestas son correctas.

Por qué es correcta. El artículo 47 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias exclusivas en materia de Administraciones Públicas y Régimen Estatutario, incluyendo en su apartado 1.1.º la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno y en el 1.2.º las normas y procedimientos electorales.

Por qué fallan las otras. Tanto la opción A como la B son competencias exclusivas recogidas en el artículo 47.1 del Estatuto.

1. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma: /n 1.º La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. /n 2.º Normas y procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general. /n 3.º Régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades públicas de ella dependientes, incluyendo el régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como el régimen de los agentes públicos. /n 4.º Organización de la Administración de justicia en Andalucía, de conformidad con lo previsto en el Título VI de este Estatuto.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 47

Respuesta correcta: C) Ninguna de las anteriores es correcta

Por qué es correcta. Según el artículo 81.2 de la Constitución Española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Por tanto, las opciones A y B son incorrectas al mencionar mayoría simple.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque se requiere mayoría absoluta, no simple. La opción B es incorrecta porque la mayoría absoluta debe ser del Congreso de los Diputados, no del Senado.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. /n 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Constitución Española, artículo Artículo 81

Respuesta correcta: C) Ambas son correctas

Por qué es correcta. Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Por qué fallan las otras. Tanto la denuncia como la iniciativa propia son formas válidas de inicio de oficio según el artículo 58 de la Ley 39/2015.

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 58

Respuesta correcta: A) El procedimiento caducará a los tres meses

Por qué es correcta. El artículo 95.1 de la Ley 39/2015 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

Por qué fallan las otras. La ley establece específicamente el plazo de tres meses para la caducidad por inactividad del interesado, por lo que los plazos de seis o doce meses son incorrectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración declarará la resolución en la que se declare la caducidad y se ordenará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. /n 2. No podrá declararse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. /n 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. /n En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haber prescrito la acción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. /n 4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 95

Respuesta correcta: C) Ambas son correctas

Por qué es correcta. El artículo 113.1 de la Ley 39/2015 establece los motivos para el recurso extraordinario de revisión, incluyendo tanto el error de hecho que resulte de los documentos del expediente (apartado 1.º) como que la resolución sea fruto de conductas punibles declaradas en sentencia firme (apartado 4.º).

Por qué fallan las otras. Ambas opciones A y B recogen supuestos literales contemplados en la ley para la interposición de este recurso extraordinario.

1. Los actos firmes en vía administrativa podrán ser objeto de recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: /n 1.º Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. /n 2.º Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. /n 3.º Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. /n 4.º Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 113

Respuesta correcta: A) 30

Por qué es correcta. El sistema de niveles de los puestos de trabajo en la Administración Pública española establece una escala que va del 1 al 30, siendo el 30 el nivel máximo posible para el complemento de destino.

Por qué fallan las otras. Los niveles 25 y 20 son niveles intermedios dentro de la escala, pero no representan el tope máximo legal establecido en el régimen retributivo de los funcionarios.

1. El complemento de destino es el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. /n 2. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. /n 3. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, podrá modificar el número de niveles de los puestos de trabajo, así como los intervalos de niveles que correspondan a cada Grupo de titulación.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local., artículo Artículo 71