Examen de Policía Local de Porcuna 2023: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) La libertad de expresión.

Por qué es correcta. La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 20, pero el artículo 9.3 establece específicamente los principios que la Constitución garantiza como pilares del ordenamiento jurídico, entre los cuales no se cita la libertad de expresión (que tiene su propia garantía como derecho), sino principios como la publicidad de las normas o la irretroactividad.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D son principios expresamente garantizados por la Constitución en su artículo 9.3.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: A) Congreso de los Diputados exclusivamente.

Por qué es correcta. La cuestión de confianza es una facultad del Presidente del Gobierno que se plantea exclusivamente ante el Congreso de los Diputados.

Por qué fallan las otras. El Senado no interviene en la cuestión de confianza, ni es una competencia del Gobierno decidir sobre su otorgamiento, sino del Congreso.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Constitución Española, artículo Artículo 112

Respuesta correcta: D) Todas son correctas.

Por qué es correcta. La Constitución prohíbe expresamente la iniciativa popular en materias propias de Ley Orgánica, tributarias, de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Por qué fallan las otras. Todas las opciones anteriores (A, B y C) son materias excluidas de la iniciativa popular según el artículo 87.3 de la CE.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley Orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Constitución Española, artículo Artículo 87

Respuesta correcta: C) Ley Orgánica de las Cortes Generales.

Por qué es correcta. Cualquier alteración de los límites de las provincias debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

Por qué fallan las otras. No basta con un Real Decreto ni con una ley ordinaria de bases; la Constitución exige específicamente el rango de Ley Orgánica.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Constitución Española, artículo Artículo 141

Respuesta correcta: C) Al Consejo de Gobierno, al Parlamento Andaluz o a las Cortes Generales.

Por qué es correcta. La iniciativa de reforma corresponde al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta y a las Cortes Generales (Congreso o Senado).

Por qué fallan las otras. La opción A confunde la iniciativa con la mayoría necesaria para la aprobación. La opción B y D son incompletas o incorrectas en su formulación.

1. La iniciativa de la reforma corresponderá al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a las Cortes Generales. /n 2. Los Ayuntamientos de Andalucía podrán solicitar del Parlamento de Andalucía y del Consejo de Gobierno de la Junta el ejercicio de la iniciativa de reforma, siempre que lo acuerden las dos terceras partes de los plenos de las Diputaciones Provinciales o de los Ayuntamientos que representen, al menos, a la mayoría de la población andaluza.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 248

Respuesta correcta: C) Exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por qué es correcta. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma asume competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D no reflejan la clasificación técnica y completa de las competencias (exclusivas, compartidas y ejecutivas) que establece el Título II del Estatuto.

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía ejerce sus competencias a través de sus instituciones de autogobierno. /n 2. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía son exclusivas, compartidas y ejecutivas. /n 3. En el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá realizar todas las actuaciones que sean necesarias para su eficacia, incluyendo la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y la potestad sancionadora.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 42

Respuesta correcta: C) Rechazará.

Por qué es correcta. La ley establece que no se admitirán quejas anónimas, por lo que el Defensor del Pueblo debe rechazarlas.

Por qué fallan las otras. No puede tramitarlas de oficio si provienen de una queja anónima, ni se contempla el traslado sistemático al Ministerio Fiscal por el solo hecho de ser anónimas.

1. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. /n 2. No se admitirán las quejas anónimas.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: D) Las respuestas a) y c) son correctas.

Por qué es correcta. Los municipios con más de 5.000 habitantes deben prestar obligatoriamente parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, además de los servicios básicos para todos los municipios.

Por qué fallan las otras. La opción B (Protección Civil) no es un servicio obligatorio por tramo de población en la LRBRL. La opción C (Medio Ambiente Urbano) es obligatoria para todos los municipios, pero la pregunta busca la especificidad del tramo de 5.000 habitantes.

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: /n a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. /n b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. /n c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. /n d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 26

Respuesta correcta: B) A las Diputaciones.

Por qué es correcta. El artículo 36.1.c) de la LRBRL establece como competencia propia de la Diputación la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal.

Por qué fallan las otras. Aunque las comarcas pueden prestar servicios, la LRBRL señala específicamente a las Diputaciones en su artículo 36 como las encargadas de la coordinación y prestación supramunicipal.

1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso: /n c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el apoyo a la prestación de servicios municipales.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 36

Respuesta correcta: A) Mancomunen.

Por qué es correcta. La legislación permite que municipios de distintas provincias se mancomunen para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia.

Por qué fallan las otras. La agrupación de municipios para el sostenimiento de personal común o la integración en áreas metropolitanas suelen estar vinculadas a la continuidad territorial y demarcaciones provinciales según la normativa de régimen local.

1. Los municipios tienen derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. /n 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. /n 3. No es indispensable que los municipios que se mancomunen pertenezcan a la misma provincia, siempre que exista continuidad territorial entre sus términos municipales, salvo que la naturaleza de los fines de la mancomunidad no lo requiera.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local., artículo Artículo 35

Respuesta correcta: D) Para todos los casos anteriores.

Por qué es correcta. La Ley 39/2015 establece que la firma es obligatoria para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Por qué fallan las otras. Aunque las opciones B y C están incluidas en el artículo, la opción D es la más completa al englobar todos los supuestos mencionados en la pregunta que requieren firma obligatoria.

2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: /n a) Formular solicitudes. /n b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. /n c) Interponer recursos. /n d) Desistir de acciones. /n e) Renunciar a derechos.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 11

Respuesta correcta: B) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

Por qué es correcta. El artículo 35.1.e) de la Ley 39/2015 establece específicamente que los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados deben ser motivados.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque los actos que deben motivarse son los que limiten (no amplíen) derechos subjetivos. La opción C es incorrecta porque la tramitación de urgencia (no emergencia) es la que se menciona en el apartado g) del artículo 35.1.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: /n a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. /n b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. /n c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. /n d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. /n e) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. /n f) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. /n g) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. /n h) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 35