Examen de Policía Local de Pedro Abad 2021: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) Semántica.

Por qué es correcta. Según la clasificación de Karl Loewenstein, una constitución semántica es aquella que se aplica plenamente pero cuyo contenido solo sirve para formalizar y enmascarar el poder de los detentadores fácticos del mismo, sin limitar realmente el poder.

Por qué fallan las otras. La opción A (Normativa) es aquella que se cumple y vincula realmente. La opción B (Nominal) es aquella que es jurídicamente válida pero no se cumple plenamente por falta de condiciones sociales o políticas, aunque tiene intención de llegar a ser normativa. La opción D (Ideológica) no forma parte de esta clasificación tripartita clásica de Loewenstein.

Clasificación ontológica de las Constituciones (Karl Loewenstein): /n - Normativa: El proceso político se adapta a las normas constitucionales. /n - Nominal: La constitución es jurídicamente válida pero la realidad social no permite su cumplimiento pleno. /n - Semántica: Se utiliza para disfrazar el poder político existente, no para limitarlo.

Constitución Española, artículo Criminología

Respuesta correcta: D) La iniciativa de reforma constitucional no puede corresponder en ningún caso al pueblo.

Por qué es correcta. La iniciativa de reforma constitucional se rige por los apartados 1 y 2 del artículo 87, pero el apartado 3 (iniciativa legislativa popular) excluye expresamente las materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Por tanto, la iniciativa popular no cabe para la reforma constitucional.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque se requieren 500.000 firmas, no 50.000. La opción D es la correcta porque la iniciativa popular no se aplica a la reforma de la Constitución.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. /n [Artículo 87.3: Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.]

Constitución Española, artículo Artículo 166

Respuesta correcta: C) 53.2.

Por qué es correcta. El artículo 53.2 de la Constitución establece el procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para los derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II (donde se incluye el derecho de petición del art. 29).

Por qué fallan las otras. El artículo 14 es el derecho a la igualdad. El 25.3 prohíbe a la Administración civil imponer sanciones privativas de libertad. El 25.1 establece el principio de legalidad penal.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: D) Eficiencia y economía.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece explícitamente en su artículo 31.2 que la programación y ejecución del gasto público deben responder a los criterios de eficiencia y economía.

Por qué fallan las otras. Los términos 'oportunidad' e 'intervencionismo' no forman parte de los criterios constitucionales establecidos para la gestión del gasto público en el artículo 31.2.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. /n 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. /n 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Constitución Española, artículo Artículo 31

Respuesta correcta: D) 10 días.

Por qué es correcta. En el estado de excepción, la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, por un plazo máximo de diez días.

Por qué fallan las otras. Las 72 horas (opción A) es el plazo general ordinario. Los 15 días (opción B) no corresponden a este supuesto. Las 24 horas (opción C) es el plazo para comunicar la detención al juez en dicho estado.

1. La Autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del mismo. /n 2. La detención no podrá exceder de diez días y los detenidos disfrutarán de los derechos que les reconoce el artículo diecisiete, apartado tres, de la Constitución. /n 3. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención, la Autoridad gubernativa deberá dar cuenta de la misma al Juez competente, remitiéndole copia del acta de detención.

Constitución Española, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: B) Octavo.

Por qué es correcta. El Título VIII de la Constitución Española de 1978 se titula 'De la Organización Territorial del Estado'.

Por qué fallan las otras. El Título IV trata del Gobierno y la Administración. El Título IX trata del Tribunal Constitucional. El Título VII trata de Economía y Hacienda.

TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado /n CAPÍTULO PRIMERO. Principios generales /n Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Constitución Española, artículo Título VIII

Respuesta correcta: C) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, se someterá a referendum para su ratificación.

Por qué es correcta. En el procedimiento agravado (revisión total o parcial que afecte al Título Preliminar, Capítulo II Sección 1ª del Título I o Título II), una vez aprobada la reforma por las nuevas Cortes, el referéndum es obligatorio para su ratificación.

Por qué fallan las otras. La mayoría requerida es de dos tercios, no absoluta (A). La iniciativa corresponde a los sujetos del art. 166 (B). El Senado no puede aprobarlo por 2/5 en este procedimiento (D).

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. /n 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. /n 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Constitución Española, artículo Artículo 168

Respuesta correcta: B) En cuantas ocasiones sea necesario.

Por qué es correcta. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, una Comisión Mixta Congreso-Senado se encargará de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D establecen periodicidades temporales que no están contempladas en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo para esta función específica.

Una Comisión Mixta Congreso-Senado se encargará de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y el del Senado, y en todo caso para examinar el informe anual y los informes especiales que el Defensor del Pueblo les presente.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, artículo Artículo 2

Respuesta correcta: D) La fuerza vinculante de los convenios.

Por qué es correcta. El artículo 37.1 de la Constitución Española establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Por qué fallan las otras. Las otras opciones no forman parte del mandato constitucional específico del artículo 37.1 relativo a la negociación colectiva.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Constitución Española, artículo Artículo 37

Respuesta correcta: B) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Por qué es correcta. El artículo 3.3 de la Constitución Española establece literalmente que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Por qué fallan las otras. La opción A utiliza 'promoción' en lugar de 'protección'. La opción C utiliza 'reconocimiento' en lugar de 'respeto'. La opción D utiliza 'patrimonio nacional' en lugar de 'patrimonio cultural' y 'promoción' en lugar de 'protección'.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. /n 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. /n 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Constitución Española, artículo Artículo 3

Respuesta correcta: C) La remitirá a la institución u organismo competente, comunicándolo al peticionario.

Por qué es correcta. La Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición establece que si el órgano que recibe la petición no es competente, debe remitirla al que lo sea y comunicárselo al interesado.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son incorrectas porque la ley obliga a la remisión al órgano competente para garantizar el ejercicio del derecho de petición, no permitiendo el archivo directo o la simple devolución sin más.

1. La declaración de inadmisibilidad será comunicada al peticionario en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde la presentación de la petición. /n 2. Siempre que la declaración de inadmisibilidad se base en la falta de competencia del destinatario de la petición, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días, comunicándolo así al peticionario.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: B) Enseñanza.

Por qué es correcta. El derecho a la educación (enseñanza) no se encuentra entre los derechos que pueden ser suspendidos durante el estado de excepción según el artículo 55.1 de la Constitución Española.

Por qué fallan las otras. Los derechos de huelga, adopción de medidas de conflicto colectivo y libertad de circulación sí pueden ser suspendidos en virtud de la declaración de estado de excepción o de sitio.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55