Examen de Policía Local de Ogíjares 2026: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por qué es correcta. El artículo 1.1 de la Constitución Española establece textualmente: 'España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político'.

Por qué fallan las otras. Las demás opciones alteran el orden literal de los valores superiores tal y como están redactados en la Constitución Española ('la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político').

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Constitución Española, artículo Artículo 1

Respuesta correcta: A) 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Por qué es correcta. El artículo 55.2 de la Constitución Española prevé la suspensión individual de los derechos reconocidos en el artículo 17, apartado 2 (plazo de detención preventiva), y artículo 18, apartados 2 (inviolabilidad del domicilio) y 3 (secreto de las comunicaciones), para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque el artículo 17.1 (derecho a la libertad y seguridad) y el artículo 18.1 (derecho al honor, intimidad y propia imagen) no son susceptibles de suspensión individual bajo el artículo 55.2 CE. La opción C es incorrecta porque los artículos 19 y 20.1 no se contemplan en la suspensión individual del artículo 55.2 CE. La opción D es incorrecta porque menciona el artículo 17 apartado 3, el cual no está incluido en el artículo 55.2 CE.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, letras a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: C) Por el procedimiento ordinario del art. 167, ya que el art. 40 está en el Cap. III del Título I, que no está protegido por el art. 168.

Por qué es correcta. El artículo 168 de la Constitución Española reserva el procedimiento agravado de reforma para la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1.ª del Título I, o al Título II. Al estar el artículo 40 en el Capítulo III del Título I, su reforma se tramita por el procedimiento ordinario del artículo 167.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el procedimiento agravado no se aplica a todo el Título I, sino únicamente a la Sección 1.ª del Capítulo II. La opción B es incorrecta porque en el procedimiento ordinario el referéndum no es siempre obligatorio, sino que debe ser solicitado por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. La opción D es incorrecta porque no toda reforma del Título I requiere el procedimiento agravado.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. /n 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. /n 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Constitución Española, artículo Artículo 168

Respuesta correcta: D) El art. 14 CE, sobre el principio de igualdad, pertenece a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I.

Por qué es correcta. La opción D es incorrecta (y por tanto la respuesta a marcar) porque el artículo 14 de la Constitución Española no pertenece a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, sino que se sitúa de forma previa e independiente a las secciones, justo al inicio del Capítulo II.

Por qué fallan las otras. La opción A es correcta según el artículo 53.3 de la CE. La opción B es correcta ya que el Capítulo V del Título I solo contiene el artículo 55. La opción C es correcta porque el Título I abarca desde el artículo 10 hasta el 55.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.

Constitución Española, artículo Artículo 14

Respuesta correcta: A) 9.3.

Por qué es correcta. El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza expresamente, entre otros principios del ordenamiento jurídico, el principio de jerarquía normativa.

Por qué fallan las otras. El artículo 9.2 se refiere a la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. El artículo 10.2 trata sobre la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales. El artículo 19 no contiene un apartado 19.3.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. /n 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. /n 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: D) Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Por qué es correcta. El artículo 16.3 de la Constitución Española establece textualmente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el artículo 16.1 CE limita la manifestación de estas libertades al mantenimiento del 'orden público protegido por la ley', no de la 'seguridad pública'. La opción B es incorrecta porque el artículo 16.2 CE prohíbe de forma absoluta obligar a declarar sobre la propia ideología, religión o creencias ('Nadie podrá ser obligado...'). La opción C es incorrecta porque contradice el mandato constitucional de mantener relaciones de cooperación.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. /n 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. /n 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Constitución Española, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: A) Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Por qué es correcta. El artículo 28.2 de la Constitución Española establece literalmente que la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Por qué fallan las otras. La opción B utiliza el término 'funcionamiento' en lugar del término literal constitucional 'mantenimiento'. Las opciones C y D no se corresponden con la redacción literal ni con el contenido del artículo 28.2 CE.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Cuerpos Armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. /n 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Respuesta correcta: C) El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

Por qué es correcta. El artículo 123.1 de la Constitución Española establece textualmente que 'El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales'.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque omite la salvedad constitucional relativa a las garantías constitucionales (competencia del Tribunal Constitucional). La opción B es incorrecta porque excluye la materia administrativa de forma errónea. La opción D es incorrecta porque afirma que es el órgano supremo 'sin excepción', ignorando la salvedad del Tribunal Constitucional.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. /n 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Constitución Española, artículo Artículo 123

Respuesta correcta: C) El Ministerio Fiscal.

Por qué es correcta. El artículo 162.1.a de la Constitución Española legitima para interponer el recurso de inconstitucionalidad al Presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a 50 Diputados, a 50 Senadores, a los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, a las Asambleas de las mismas. El Ministerio Fiscal no figura entre los sujetos legitimados para este recurso (aunque sí interviene en otros procesos constitucionales).

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son incorrectas porque todos ellos son sujetos expresamente legitimados por el artículo 162.1.a CE para interponer el recurso de inconstitucionalidad.

1. Están legitimados: /n a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. /n b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. /n 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Constitución Española, artículo Artículo 162

Respuesta correcta: C) Español y mayor de edad.

Por qué es correcta. El artículo 59.4 de la Constitución Española establece de forma literal y escueta que 'Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad'.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque no exige ser español 'de nacimiento' (requisito que sí se exige, por ejemplo, para el tutor del Rey en el artículo 60.1 CE). La opción B es incorrecta porque añade 'y de pleno ejercicio de los derechos civiles', lo cual no figura en el texto constitucional del artículo 59.4. La opción D es incorrecta porque añade requisitos religiosos e históricos inexistentes en el precepto.

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. /n 2. Si el Rey se imposibilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. /n 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. /n 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. /n 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Constitución Española, artículo Artículo 59

Respuesta correcta: B) La cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Por qué es correcta. El artículo 102.2 de la Constitución Española dispone que la acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque exige la cuarta parte de los miembros, no la décima parte. La opción C es incorrecta porque atribuye la iniciativa a las Cortes Generales y ambas Cámaras, cuando es competencia exclusiva del Congreso de los Diputados. La opción D es incorrecta porque los quórums de iniciativa y aprobación son erróneos.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. /n 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. /n 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo.

Constitución Española, artículo Artículo 102

Respuesta correcta: C) La vía del artículo 143 exige la iniciativa de las Diputaciones u órganos interinsulares y de las dos terceras partes de los municipios, sin referéndum de ratificación inicial; la vía del artículo 151 exige las tres cuartas partes de los municipios y referéndum de ratificación por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.

Por qué es correcta. La opción C describe correctamente los requisitos de iniciativa de ambas vías según la Constitución Española: el artículo 143 requiere la iniciativa de las Diputaciones o el órgano interinsular correspondiente y de las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, sin referéndum inicial. Por su parte, el artículo 151 exige que la iniciativa sea acordada por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y que dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque la vía del artículo 143 no exige referéndum de ratificación inicial. La opción B es incorrecta porque los quórums de municipios exigidos son diferentes (dos terceras partes en el 143 y tres cuartas partes en el 151). La opción D es incorrecta porque la vía del artículo 151 no se limita a ámbitos territoriales que no superen el de una provincia.

Artículo 143 /n 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. /n 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. /n 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. /n /n Artículo 151 /n 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, no sólo por las Diputaciones interesadas o los órganos interinsulares correspondientes, sino también por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

Constitución Española, artículo Artículo 143 y Artículo 151