Examen de Policía Local de Nerja 2026: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y a la libertad de cátedra.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la Constitución enumera los derechos que pueden ser suspendidos, y entre ellos no se encuentran los apartados b) y c) del artículo 20.1 (producción literaria/artística y libertad de cátedra).

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D corresponden a derechos que no son susceptibles de suspensión según el listado taxativo del artículo 55.1, pero la pregunta pide identificar cuál de los propuestos NO puede ser suspendido. El honor (Art. 18.1), la participación (Art. 23) y la tutela judicial (Art. 24) no aparecen en la lista de derechos suspendibles del Art. 55.1.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Por qué es correcta. El artículo 3.3 de la Constitución Española establece literalmente que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque falta el artículo 'la' antes de 'solidaridad' y tiene un punto extra al final. La opción C es incorrecta porque la Constitución garantiza la 'irretroactividad' de las disposiciones sancionadoras no favorables, no la 'retroactividad'. La opción D es incorrecta porque es el texto literal del artículo 9.2, pero la pregunta pide la respuesta correcta y la B es una transcripción exacta sin errores de puntuación o sentido frente a la A que presenta una errata de redacción.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. /n 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. /n 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Constitución Española, artículo Artículo 3

Respuesta correcta: B) El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.

Por qué es correcta. Según el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, este gozará de inviolabilidad y no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque el periodo es de cinco años (Art. 2 LO 3/1981). La opción C es falsa porque no está sujeto a mandato imperativo alguno (Art. 6.1 LO 3/1981). La opción D es falsa porque el cargo es incompatible con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido o sindicato (Art. 7.1 LO 3/1981).

1. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. /n 2. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. /n 3. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni preso sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, artículo Artículo 6

Respuesta correcta: C) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Por qué es correcta. El artículo 41 de la Constitución Española, ubicado en el Capítulo III del Título I (De los principios rectores de la política social y económica), establece literalmente lo indicado en la opción C.

Por qué fallan las otras. La opción A corresponde al artículo 35 (Capítulo II). La opción B corresponde al artículo 31 (Capítulo II). La opción D corresponde al artículo 29 (Capítulo II).

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Constitución Española, artículo Artículo 41

Respuesta correcta: C) 28 de agosto 1992.

Por qué es correcta. La primera reforma constitucional de España, que añadió las palabras 'y pasivo' al artículo 13.2 para permitir el sufragio de extranjeros en elecciones municipales, fue sancionada por el Rey el 27 de agosto de 1992 y publicada en el BOE el 28 de agosto de 1992.

Por qué fallan las otras. Las fechas 26, 27 y 29 de agosto no corresponden a la fecha de publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, que fue el día 28.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. /n 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. /n 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. /n 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Constitución Española, artículo Artículo 13

Respuesta correcta: B) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

Por qué es correcta. El artículo 116.2 de la Constitución establece que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

Por qué fallan las otras. La autorización para la prórroga corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados, no al Consejo de Ministros ni al Rey.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. /n 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. /n 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se aplica y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. /n 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. /n 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. /n Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. /n 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 116

Respuesta correcta: A) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Por qué es correcta. La opción A es incorrecta porque el plazo máximo establecido por la Constitución para la detención preventiva es de setenta y dos horas, no de setenta horas.

Por qué fallan las otras. La opción B es correcta según el art. 17.3 CE. La opción C es correcta según el art. 17.4 CE. La opción D es correcta según el art. 17.1 CE.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. /n 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. /n 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. /n 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Constitución Española, artículo Artículo 17

Respuesta correcta: D) El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Por qué es correcta. El artículo 20.1.a) de la Constitución Española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Por qué fallan las otras. La opción A corresponde al artículo 16. La opción B corresponde al artículo 18. La opción C corresponde al artículo 27.

1. Se reconocen y protegen los derechos: /n a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. /n b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. /n c) A la libertad de cátedra. /n d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. /n 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. /n 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. /n 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. /n 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 20

Respuesta correcta: C) Título I, Capítulo Segundo, Sección 2ª.

Por qué es correcta. La prohibición de los Tribunales de Honor se encuentra en el artículo 26 de la Constitución Española, el cual está ubicado dentro de la Sección 2ª del Capítulo II del Título I.

Por qué fallan las otras. El Capítulo I trata de los españoles y extranjeros. La Sección 1ª del Capítulo II contiene los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-25). El Capítulo III contiene los principios rectores.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Constitución Española, artículo Artículo 26

Respuesta correcta: B) Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

Por qué es correcta. El artículo 24.1.f) de la Ley del Gobierno establece que los acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia.

Por qué fallan las otras. La opción A es para decisiones del Consejo de Ministros. Las opciones C y D no existen como formas jurídicas de acuerdos de las Comisiones Delegadas según la ley.

1. Las decisiones del Gobierno y de sus miembros revisten las formas siguientes: /n a) Real Decreto del Presidente del Gobierno: las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente. /n b) Real Decreto del Consejo de Ministros: las disposiciones reglamentarias y los actos cuya adopción venga atribuida al Consejo de Ministros. /n c) Acuerdo del Consejo de Ministros: las decisiones de dicho órgano que no deban adoptar la forma de Real Decreto. /n d) Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno: las decisiones de dicho órgano que no deban adoptar la forma de Orden Ministerial. /n e) Orden Ministerial: las disposiciones y actos de los Ministros. Cuando la disposición o el acto afecte a varios Ministerios, revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. /n f) Los acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: A) Las Cortes Generales.

Por qué es correcta. El artículo 57.3 de la Constitución Española otorga esta facultad a las Cortes Generales.

Por qué fallan las otras. La Constitución reserva esta decisión de Estado a las Cortes Generales en su conjunto, no al Gobierno ni a una sola de las cámaras de forma aislada.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. /n 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. /n 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. /n 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. /n 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Constitución Española, artículo Artículo 57

Respuesta correcta: C) Se prohíben los Tribunales de excepción.

Por qué es correcta. El artículo 117.6 de la CE prohíbe expresamente los Tribunales de excepción.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque dice 'Jueces integrantes del poder judicial' cuando el texto literal dice 'Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial'. La opción B es incorrecta porque omite a los 'Magistrados'. La opción D es incorrecta porque la potestad corresponde a los 'Juzgados y Tribunales', no solo a los 'Juzgados'.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. /n 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. /n 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. /n 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. /n 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. /n 6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Constitución Española, artículo Artículo 117