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Examen de Policía Local de Motril 2022: preguntas y respuestas justificadas

Las 101 preguntas del examen de Policía Local de Motril de la convocatoria de 2022, con la respuesta correcta, por qué fallan las demás opciones y el artículo concreto que lo respalda, transcrito literalmente.

Qué entró en el examen

Las 101 preguntas se reparten en 35 temas. Esta es la distribución real:

TemaPreguntas%
La Constitución Española de 197876.9%
Las Entidades Locales65.9%
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales65.9%
La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales55.0%
Concepto y elementos de la infracción penal55.0%
Los órganos constitucionales44.0%
Fuentes del Derecho administrativo: Clasificación44.0%
Legislación básica de procedimiento administrativo común44.0%
La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Distribución de competencias en materia de urbanismo44.0%
Delitos de odio y discriminación44.0%
Deontología policial44.0%
Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales33.0%
Legislación básica de régimen jurídico del sector público33.0%
Personal al servicio de las administraciones públicas33.0%
Ley de Seguridad Ciudadana33.0%
Ley de Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo33.0%
La actividad de la Policía Local como policía administrativa II: Legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía33.0%
Delitos contra la vida y la integridad física: Homicidio y sus formas33.0%
Delitos contra la seguridad vial: Delito de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas33.0%
Disposiciones generales en materia de tráfico33.0%
Normas generales de circulación: lugar en la vía, velocidad, prioridad de paso, cambios de dirección y sentido33.0%
Las infracciones de tráfico y seguridad vial33.0%
Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo22.0%
El principio de igualdad entre hombres y mujeres y la tutela contra la discriminación22.0%
Libertad ideológica, religiosa y de culto11.0%
Organización territorial del Estado11.0%
Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía11.0%
Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros, amenazas y coacciones11.0%
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Hurto11.0%
Principios de actuación de la policía judicial11.0%
Violencia de género y doméstica11.0%
Responsabilidad penal de los menores11.0%
El permiso y la licencia de conducción11.0%
Reglamento General de Vehículos: normas generales11.0%
Criminología11.0%

Normativa más preguntada

12 preguntas resueltas

Intenta responder antes de desplegar la solución.

Pregunta 1. De acuerdo con el artículo 45 de la CE, la promoción y tutela en el acceso a la cultura, corresponde a:

  1. Los poderes públicos.
  2. El artículo 45 no especifica dicho principio.
  3. Las administraciones públicas.
  4. El Estado.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: B) El artículo 45 no especifica dicho principio.

Por qué es correcta. El artículo 45 de la Constitución Española trata sobre el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, no sobre el acceso a la cultura, el cual se regula en el artículo 44.

Por qué fallan las otras. La opción A y C serían correctas si la pregunta se refiriera al artículo 44. La opción D es incorrecta porque el artículo 45 versa sobre medio ambiente.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. /n 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. /n 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Constitución Española, artículo Artículo 45

Pregunta 2. De los siguientes Derechos Fundamentales cuál es una Libertad Pública:

  1. Derecho de Huelga
  2. Derecho al Honor
  3. Derecho a la Vida
  4. Derecho de Igualdad
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) Derecho de Huelga

Por qué es correcta. Dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE ('De los derechos fundamentales y de las libertades públicas'), el derecho de huelga (art. 28.2) se clasifica tradicionalmente como una libertad pública de carácter colectivo.

Por qué fallan las otras. Aunque todos los citados están en la Sección 1ª, la pregunta suele distinguir entre derechos de la personalidad (vida, honor) y libertades públicas (huelga, reunión, asociación). El derecho de igualdad (art. 14) es un derecho previo a las secciones.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. /n 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Pregunta 3. El artículo 24 de la CE reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse:

  1. indefensión.
  2. injusticia.
  3. ilegalidad.
  4. injerencia.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) indefensión.

Por qué es correcta. El artículo 24.1 de la Constitución Española prohíbe expresamente que se produzca indefensión en el proceso de tutela judicial efectiva.

Por qué fallan las otras. Aunque la justicia busca evitar la injusticia o ilegalidad, el término literal y constitucional que completa el derecho a la tutela judicial efectiva es la prohibición de 'indefensión'.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. /n 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. /n La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española, artículo Artículo 24

Pregunta 4. El recurso de amparo puede interponerse cuando se vulneren los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la CE, originadas por decisiones o actos emanados de:

  1. De las Cortes Generales o de cualquiera de sus órganos, sólo si tienen rango de ley.
  2. De las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de cualquiera de sus órganos, siempre que tengan rango de ley.
  3. Resoluciones o disposiciones de funcionarios pertenecientes a cualquier Ente Público.
  4. Todas las otras respuestas son correctas.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) Resoluciones o disposiciones de funcionarios pertenecientes a cualquier Ente Público.

Por qué es correcta. El recurso de amparo protege contra violaciones de derechos fundamentales originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son incorrectas porque el recurso de amparo se interpone precisamente contra actos SIN valor de ley (los actos con valor de ley se impugnan mediante recurso de inconstitucionalidad).

1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución. /n 2. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, artículo Artículo 41

Pregunta 5. La libertad de enseñanza se reconoce constitucionalmente en el artículo:

  1. 27
  2. 25
  3. 28
  4. Esta libertad no se reconoce constitucionalmente.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) 27

Por qué es correcta. El artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Por qué fallan las otras. El artículo 25 se refiere al principio de legalidad penal y sanciones administrativas. El artículo 28 se refiere a la libertad de sindicación y derecho a la huelga.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. /n 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. /n 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. /n 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. /n 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. /n 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. /n 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. /n 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. /n 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. /n 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Constitución Española, artículo Artículo 27

Pregunta 6. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido por la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, cuando:

  1. Estuviere expresamente autorizada por Ley o por imperativo del artículo 71 de la Constitución, cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio de sus funciones.
  2. El titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso o por por imperativo del artículo 71 de la Constitución, cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio de sus funciones.
  3. Estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso.
  4. El titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso, exclusivamente.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) Estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso.

Por qué es correcta. La ley establece que no hay intromisión ilegítima cuando la actuación está autorizada por ley o cuando existe consentimiento expreso del titular del derecho.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B mezclan conceptos de la LO 1/1982 con la inviolabilidad parlamentaria del artículo 71 CE, que aunque es una causa de exclusión, no es la definición general que da el artículo 2 de la LO 1/1982. La opción D es incorrecta porque añade 'exclusivamente', omitiendo la autorización legal.

Uno. La protección civil del honor, de la intimidad personal y familiar y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia. /n Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por la Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso. /n Tres. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior podrá ser revocado en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.

Constitución Española, artículo Artículo 2

Pregunta 7. Señala la afirmación incorrecta relacionada con el Defensor del Pueblo:

  1. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.
  2. No está sometido a mandato imperativo alguno.
  3. Ejercerá sus funciones con de acuerdo con lo establecido por las Cortes Generales.
  4. Es elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) Ejercerá sus funciones con de acuerdo con lo establecido por las Cortes Generales.

Por qué es correcta. La afirmación C es incorrecta porque el Defensor del Pueblo ejerce sus funciones con autonomía y según su propio criterio, no 'de acuerdo con lo establecido por las Cortes Generales' en el sentido de recibir instrucciones de estas.

Por qué fallan las otras. La opción A describe correctamente la inviolabilidad del Defensor. La opción B es correcta pues goza de independencia. La opción D es correcta según el artículo 2 de su Ley Orgánica.

1. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su propio criterio. /n 2. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, artículo Artículo 6

Pregunta 8. Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la CE deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de:

  1. Legalidad.
  2. Publicidad.
  3. Fiscalidad.
  4. Vigilancia.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: B) Publicidad.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que las asociaciones deben inscribirse en un registro con el único propósito de dar publicidad a su existencia y organización, no como un requisito de validez o legalidad constitutiva.

Por qué fallan las otras. La inscripción no tiene efectos de legalidad (la asociación existe desde el acuerdo de constitución), ni de fiscalidad o vigilancia como fin primordial constitucionalmente previsto.

1. Se reconoce el derecho de asociación. /n 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. /n 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. /n 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. /n 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Constitución Española, artículo Artículo 22

Pregunta 9. De acuerdo con lo expresamente establecido en la ley 50/1997, del Gobierno, señala la afirmación incorrecta en relación con la delegación de competencias:

  1. Los Ministros pueden delegar el ejercicio de competencias propias en favor de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del ministerio.
  2. Son delegables las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones delegadas del Gobierno.
  3. No son en ningún caso delegables las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.
  4. Son delegables las competencias del Presidente del gobierno en favor de los Ministros y Secretarios de Estado.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: D) Son delegables las competencias del Presidente del gobierno en favor de los Ministros y Secretarios de Estado.

Por qué es correcta. El artículo 20 de la Ley del Gobierno prohíbe expresamente la delegación de competencias del Presidente del Gobierno.

Por qué fallan las otras. La opción A es correcta según el art. 20.1. La opción B es correcta según el art. 20.1. La opción C es correcta según el art. 20.2.b.

1. El ejercicio de las competencias propias de los órganos colegiados del Gobierno podrá ser delegado en sus órganos internos. /n El ejercicio de las competencias propias de los Ministros podrá ser delegado en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio. /n 2. No son en ningún caso delegables las competencias relativas a: /n a) Las atribuidas directamente por la Constitución. /n b) El nombramiento y separación de los altos cargos atribuidos al Consejo de Ministros. /n c) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. /n d) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con excepción de lo previsto en el apartado 1 de este artículo. /n 3. Las competencias del Presidente del Gobierno no son delegables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo Artículo 20

Pregunta 10. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante:

  1. El recurso de inconstitucionalidad.
  2. El recurso de inconstitucionalidad o el de amparo.
  3. El recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales.
  4. La cuestión de inconstitucionalidad.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) El recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece dos vías principales para controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley: el recurso y la cuestión.

Por qué fallan las otras. El recurso de amparo (opción B) no sirve para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino para proteger derechos fundamentales frente a actos de los poderes públicos.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: /n a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias pronunciadas no perderán el valor de cosa juzgada. /n b) De la cuestión de inconstitucionalidad sobre una norma con rango de ley, vinculada a un proceso, que pueda ser contraria a la Constitución, planteada por un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, en los supuestos y dentro de la forma que establezca la ley, que en ningún caso tendrá efectos suspensivos.

Constitución Española, artículo Artículo 161

Pregunta 11. Una vez aprobado un proyecto de ley por parte del Congreso de los Diputados y remitido al Senado, este podrá:

  1. Oponerse al mismo por medio de su veto.
  2. Oponer su veto al mismo o introducir enmiendas.
  3. Aprobarlo, oponer su veto o introducir enmiendas.
  4. Ninguna de las otras respuestas es verdadera.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) Aprobarlo, oponer su veto o introducir enmiendas.

Por qué es correcta. El artículo 90 de la Constitución Española establece que el Senado tiene un plazo de dos meses para aprobar el proyecto, oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas al mismo.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son incompletas porque no mencionan la posibilidad de simplemente aprobar el texto tal cual viene del Congreso.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

Constitución Española, artículo Artículo 90

Pregunta 12. ¿Qué plazo tiene el órgano competente en informar sobre la correspondiente disposición normativa sobre la organización de la demarcación judicial redactada por el Ministerio de Justicia?:

  1. Seis meses.
  2. Tres meses.
  3. Un mes.
  4. Dos meses.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: D) Dos meses.

Por qué es correcta. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas informarán en el plazo de dos meses sobre la disposición normativa de demarcación judicial.

Por qué fallan las otras. Los plazos de uno, tres o seis meses no corresponden con el procedimiento de informe sobre demarcación judicial previsto en la LOPJ.

4. El Ministerio de Justicia redactará, cada cinco años o antes si las necesidades de la Administración de Justicia lo aconsejan, una disposición normativa sobre la organización de la demarcación judicial, para lo cual las Comunidades Autónomas informarán sobre la misma en el plazo de dos meses.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Artículo 35

Las 89 preguntas restantes

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Preguntas frecuentes

¿Cuántas preguntas tuvo el examen de Policía Local de Motril 2022?

Este examen consta de 101 preguntas tipo test repartidas en 35 temas del temario oficial.

¿Qué temas entraron en el examen de Motril?

Los temas con más peso fueron: La Constitución Española de 1978, Las Entidades Locales, Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales, La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales.

¿Las respuestas están justificadas?

Sí. Cada respuesta indica la norma aplicable y transcribe el artículo concreto, para que puedas comprobarlo por tu cuenta.