Examen de Policía Local de Marbella 2025: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Por qué es correcta. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece literalmente que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque el artículo 20.2 prohíbe expresamente la censura previa. La opción C es falsa porque el contenido descrito corresponde al apartado 3 del artículo 20, no al apartado 5.

1. Se reconocen y protegen los derechos: /n a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. /n b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. /n c) A la libertad de cátedra. /n d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. /n 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. /n 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. /n 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. /n 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 20

Respuesta correcta: C) Ejecución

Por qué es correcta. El artículo 66.4 del Estatuto establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución en materia de salvamento marítimo.

Por qué fallan las otras. No es exclusiva ni compartida; la literalidad del artículo 66.4 especifica que es una competencia de ejecución.

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución en materia de salvamento marítimo en el litoral andaluz.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 66

Respuesta correcta: A) Innovación tecnológica, penetración de la nueva económica en la empresa, su difusión en los hogares y la presencia en las administraciones Publicas.

Por qué es correcta. El ISNEp es un indicador compuesto que mide la penetración de la nueva economía a través de cuatro pilares: innovación, empresa, hogares y administración pública.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C son incompletas ya que solo mencionan algunos de los componentes o se refieren a conceptos generales de I+D sin abarcar la estructura completa del indicador.

El Indicador sintético Global de Penetración regional de la Nueva Economía (ISNEp) se compone de las categorías: Innovación tecnológica, penetración de la nueva económica en la empresa, su difusión en los hogares y la presencia en las administraciones Publicas.

Cultural

Respuesta correcta: C) Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, previa decisión de las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.

Por qué es correcta. El artículo 121.1.c) de la LBRL establece que el régimen de gran población se aplica a los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas a iniciativa de los ayuntamientos.

Por qué fallan las otras. La opción A es incompleta, ya que para municipios de más de 100.000 habitantes se requiere además que sean capitales de provincia o que se cumplan otros requisitos del apartado 1.a). La opción B es incorrecta porque el umbral de 75.000 habitantes (no 70.000) se aplica a municipios que sean capitales de provincia, autonómicas o sedes institucionales según el apartado 1.b).

1. Las normas previstas en este título serán de aplicación: /n a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. /n b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. /n c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. /n d) A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. /n 2. En los supuestos previstos en los párrafos c) y d) del apartado anterior, se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. /n 3. Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal aprobadas por el Gobierno con referencia a 1 de enero de cada año, alcance la población requerida para la aplicación del régimen previsto en este título, la nueva corporación que se constituya tras las siguientes elecciones municipales ajustará su organización a lo dispuesto en el mismo. /n 4. Los municipios a los que se les aplique el régimen previsto en este título continuarán rigiéndose por el mismo aun cuando su cifra oficial de población se reduzca por debajo del límite establecido en este artículo.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 121

Respuesta correcta: A) Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.

Por qué es correcta. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece que las licencias se otorgan siempre a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque el artículo 13 del RSCL establece expresamente que no podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal.

1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. /n 2. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículo Artículo 12

Respuesta correcta: C) Verdadero.

Por qué es correcta. Según la Ley 7/1985, la aprobación de ordenanzas y reglamentos es competencia del Pleno (Art. 22.2.d), mientras que dictar bandos es una atribución del Alcalde (Art. 21.1.e).

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son falsas porque la afirmación describe correctamente el reparto de competencias normativas y ejecutivas en el ámbito municipal.

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: /n [...] e) Dictar bandos. /n [...] /n Artículo 22. /n 1. El Pleno, constituido por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. /n 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: /n [...] d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: C) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.

Por qué es correcta. El artículo 96.3 de la Ley 39/2015 permite la tramitación simplificada en procedimientos sancionadores cuando el órgano competente considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, siempre que no haya oposición expresa del interesado.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque requiere condiciones específicas (infracción leve y falta de oposición). La opción B es falsa porque la ley sí contempla esta posibilidad bajo ciertos requisitos.

1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. /n En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. /n 2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. /n 3. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. /n 4. En el caso de procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la tramitación simplificada del procedimiento. /n 5. Salvo que reste menos tiempo para tramitar el procedimiento de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, la tramitación simplificada del procedimiento deberá ser resuelta en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constará únicamente de los siguientes trámites: /n a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. /n b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. /n c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante un plazo de cinco días. /n d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. /n e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. /n f) Informe de la Confederación Hidrográfica, cuando éste sea preceptivo. /n g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. En este caso, el plazo de treinta días se suspenderá por el tiempo que medie entre la solicitud, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. /n h) Resolución. /n 6. En el supuesto de que el procedimiento exija la realización de un informe preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente y éste fuera desfavorable, el órgano competente para resolver podrá acordar la continuación del procedimiento por los trámites de la tramitación ordinaria, lo que deberá notificar a los interesados. En este caso, los plazos previstos en el procedimiento ordinario se computarán desde el momento en que se hubiera acordado la tramitación simplificada.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 96

Respuesta correcta: B) El desistimiento se aplica a las solicitudes y la renuncia a los derechos.

Por qué es correcta. El artículo 94.1 de la Ley 39/2015 establece explícitamente que todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque el desistimiento y la renuncia son formas de terminación del procedimiento según el artículo 84 de la misma ley. La opción C es falsa al ser la A incorrecta.

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. /n 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. /n 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. /n 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. /n 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento hubiese sido de interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 94

Respuesta correcta: A) Un proceso de transferencia de la titularidad y el ejercicio de competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público, con carácter permanente.

Por qué es correcta. La desconcentración es la transferencia de la titularidad y el ejercicio de una competencia que corresponde a un órgano administrativo a otro órgano de la misma Administración, jerárquicamente dependiente, con carácter permanente y mediante norma.

Por qué fallan las otras. La opción B define la descentralización (traspaso entre personas jurídicas distintas). La opción C define el principio de jerarquía administrativa.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta o en otras leyes. /n La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. /n 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. /n 3. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo Artículo 8

Respuesta correcta: C) Real Decreto 896/ 1991, de 7 de junio.

Por qué es correcta. El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, establece las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B contienen años incorrectos para este Real Decreto específico.

El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local., artículo Artículo 1

Respuesta correcta: B) En excedencia forzosa.

Por qué es correcta. De acuerdo con el EBEP y la normativa de función pública, los funcionarios que procedan de una situación de expectativa de destino y agoten el periodo máximo de permanencia en la misma sin haber obtenido un puesto, pasarán a la situación de excedencia forzosa.

Por qué fallan las otras. La excedencia voluntaria requiere solicitud del interesado. La suspensión provisional es una medida cautelar en procesos disciplinarios o penales.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: /n a) Excedencia voluntaria por interés particular. /n b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. /n c) Excedencia por cuidado de familiares. /n d) Excedencia por razón de violencia de género. /n e) Excedencia por razón de violencia terrorista. /n (...) /n Los funcionarios en situación de expectativa de destino que no obtengan puesto de trabajo en el plazo máximo de un año pasarán a la situación de excedencia forzosa.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público., artículo Artículo 89

Respuesta correcta: A) Dar cumplimiento y observaran con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona.

Por qué es correcta. El artículo 5.1.c) de la Ley Orgánica 2/1986 establece específicamente que, dentro del principio de adecuación al ordenamiento jurídico, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben dar cumplimiento y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona.

Por qué fallan las otras. La opción B corresponde al principio de Relaciones con la Administración de Justicia (Art. 5.4.a). La opción C corresponde al principio de Trato con el público (Art. 5.3.b).

Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: /n 1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: /n a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. /n b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. /n c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. /n d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. /n e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley. /n f) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida sobre las causas y finalidad de las mismas. /n g) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. /n h) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo Artículo 5