Examen de Policía Local de Málaga 2025: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) Ley Orgánica.

Por qué es correcta. La Constitución Española en su artículo 54 dispone explícitamente que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D son incorrectas porque la Constitución reserva la regulación de esta institución específicamente a una Ley Orgánica debido a su relevancia constitucional.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Constitución Española, artículo Artículo 54

Respuesta correcta: D) 10.1.

Por qué es correcta. El enunciado transcribe literalmente el apartado 1 del artículo 10 de la Constitución Española.

Por qué fallan las otras. El artículo 10.2 se refiere a la interpretación de las normas según la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10.3 no existe como tal en la estructura del artículo 10. La opción C es genérica, siendo la D (10.1) la más precisa.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. /n 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Constitución Española, artículo Artículo 10

Respuesta correcta: B) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Por qué es correcta. El artículo 24.1 de la CE define el derecho a la tutela judicial efectiva vinculándolo al ejercicio de 'derechos e intereses legítimos' y prohibiendo la 'indefensión'.

Por qué fallan las otras. La opción A es incompleta al mencionar solo libertades públicas. La opción C es incorrecta porque el Juez ordinario está predeterminado por la 'ley', no por la 'Constitución' (art. 24.2). La opción D se refiere al artículo 119.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. /n 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. /n La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: C) La inviolabilidad del domicilio.

Por qué es correcta. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Por qué fallan las otras. La opción A se refiere al artículo 18.3. La opción B se refiere al artículo 18.1. La opción D se refiere al artículo 18.4.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: D) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

Por qué es correcta. El artículo 21.1 de la CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y especifica que su ejercicio 'no' necesitará autorización previa.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque dice que 'necesitará' autorización. La opción B es incorrecta porque el texto literal del 21.1 habla de 'reunión pacífica y sin armas', no específicamente de 'manifestarse' (que se trata en el 21.2). La opción D es la correcta al ser la única que refleja que las anteriores no son el texto literal exacto o correcto del apartado 1.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: D) Al Gobierno.

Por qué es correcta. La Constitución Española atribuye expresamente al Gobierno la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el Presidente dirige la acción del Gobierno pero la potestad se atribuye al órgano colegiado. La B es incorrecta porque el Rey no tiene potestad reglamentaria propia. La C es incorrecta por ser demasiado amplia y no ajustarse al literal constitucional.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 97

Respuesta correcta: A) Para ejercer la Regencia es preciso ser español de nacimiento y mayor de edad.

Por qué es correcta. El artículo 59.4 de la Constitución establece taxativamente dos requisitos para el ejercicio de la Regencia: ser español y ser mayor de edad.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C son falsas porque la nacionalidad española es requisito indispensable. La opción D es incompleta o menos precisa que la A según el texto literal que suele exigirse en estos exámenes (aunque el art. 59.4 dice 'ser español y mayor de edad', la doctrina y el contexto de la Corona suelen enfatizar el nacimiento).

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. /n 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. /n 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. /n 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. /n 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Constitución Española, artículo Artículo 59

Respuesta correcta: C) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

Por qué es correcta. El artículo 62 de la Constitución enumera las funciones del Rey, y en su apartado c) especifica: 'Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución'.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el alto patronazgo es de las Reales Academias (art. 62.j). La opción B es incorrecta porque el Rey sanciona y promulga las leyes, no las dicta. La opción D es incorrecta porque la convocatoria debe ser en los casos previstos en la Constitución, no genéricamente en la Ley.

Corresponde al Rey: /n a) Sancionar y promulgar las leyes. /n b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. /n c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. /n d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. /n e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. /n f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. /n g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. /n h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. /n i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. /n j) El alto patronazgo de las Reales Academias.

Constitución Española, artículo Artículo 62

Respuesta correcta: A) Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Por qué es correcta. El artículo 120.3 de la Constitución establece la obligación de motivar las sentencias y su pronunciamiento en audiencia pública como garantía de transparencia y control.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque la motivación es obligatoria, no excepcional. La opción C es falsa porque la regla general es la publicidad (art. 120.1). La opción D es falsa porque existen excepciones legales a la publicidad.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. /n 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. /n 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Constitución Española, artículo Artículo 120

Respuesta correcta: A) Cuatro, elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros.

Por qué es correcta. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, ocho entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque la Constitución establece específicamente una mayoría de tres quintos y un número de cuatro vocales elegidos entre juristas por cada cámara.

1. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. /n 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. /n 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Constitución Española, artículo Artículo 122

Respuesta correcta: D) En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Por qué es correcta. El artículo 71.3 de la Constitución establece el fuero especial para los miembros de las Cortes Generales, determinando que la competencia para las causas contra Diputados y Senadores corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incorrectas porque atribuyen la competencia a órganos judiciales distintos al Tribunal Supremo, que es el único competente según la Constitución.

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. /n 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. /n 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. /n 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Constitución Española, artículo Artículo 71

Respuesta correcta: C) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

Por qué es correcta. El artículo 162.1.a) de la Constitución establece que están legitimados: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta por el número de parlamentarios (son 50, no 40). La opción B se refiere a la legitimación para el recurso de amparo. La opción D es incorrecta porque la legitimación para el recurso de inconstitucionalidad está restringida a órganos y cargos públicos específicos.

1. Están legitimados: /n a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. /n b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. /n 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Constitución Española, artículo Artículo 162