Examen de Policía Local de Lucena 2021: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) Derecho de toda persona a ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la CE permite suspender el artículo 17 (libertad y seguridad) en los estados de excepción o sitio, pero exceptúa de dicha suspensión el apartado 3 del artículo 17 (derecho a ser informado de derechos y razones de detención y asistencia letrada) para el estado de excepción. Sin embargo, el artículo 55.1 no menciona esa excepción para el estado de sitio, por lo que en estado de sitio sí podría suspenderse (aunque la LO 4/1981 matiza esto, la literalidad constitucional es la base de la pregunta).

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D corresponden a derechos que pueden ser suspendidos tanto en estado de excepción como en estado de sitio según el artículo 55.1 de la Constitución.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: C) 10 días

Por qué es correcta. La Constitución Española permite que, en estado de excepción, el plazo máximo de detención preventiva de 72 horas pueda ser ampliado hasta un máximo de 10 días.

Por qué fallan las otras. 72 horas es el plazo general ordinario. 5 días es el plazo máximo para delitos de terrorismo. 13 días no existe en la legislación española.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n (Nota: La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 16.1 concreta que la detención no podrá exceder de diez días).

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: C) Es imposible la retroactividad de normas restrictivas de derechos favorables.

Por qué es correcta. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por tanto, es imposible la retroactividad de normas restrictivas de derechos (aunque sean favorables en otros aspectos, si restringen derechos individuales consolidados no pueden ser retroactivas).

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque la irretroactividad es la regla general para normas restrictivas. La opción B es falsa porque las normas restrictivas de derechos individuales son irretroactivas por mandato constitucional. La opción D es falsa porque el artículo 9.3 prohíbe expresamente la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. /n 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. /n 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: D) En el Capítulo Segundo del Título Primero.

Por qué es correcta. Según el artículo 53.1 de la CE, los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos.

Por qué fallan las otras. La opción A incluye el Capítulo Primero (de los españoles y extranjeros) que no tiene esa vinculación directa general del 53.1. La opción B se refiere al Título Segundo (La Corona). La opción C incluye el Capítulo Tercero (Principios rectores), que según el 53.3 solo informan la práctica judicial y actuación de poderes públicos, pero no vinculan de la misma forma que los del Capítulo Segundo.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). /n 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. /n 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: C) Sólo mediante resolución judicial.

Por qué es correcta. El artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque se requiere control judicial, no basta una resolución administrativa. La opción B es falsa porque la propia Constitución prevé la excepción mediante resolución judicial. La opción D es falsa porque excluye la vía administrativa como única fuente de autorización.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: C) Afectará a la norma concreta, sin que pierdan el valor de cosa juzgada la sentencia o sentencias recaídas.

Por qué es correcta. El artículo 161.1.a) de la CE establece que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque sí afecta a la norma declarada inconstitucional. La opción B es falsa porque solo afecta a la norma concreta cuestionada. La opción D es falsa porque contradice el principio de que no se pierde el valor de cosa juzgada de las sentencias previas.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: /n a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. /n [...]

Constitución Española, artículo Artículo 161

Respuesta correcta: A) Nunca producirá efectos suspensivos sobre la norma afectada.

Por qué es correcta. Según la LOTC (y la interpretación del 161.2 CE que solo habla de suspensión para impugnaciones del Gobierno a CCAA), el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no suspende la vigencia de la ley, sino que suspende el plazo para dictar sentencia en el proceso judicial donde se planteó hasta que el TC resuelva.

Por qué fallan las otras. La opción B es falsa porque no es discrecional para la cuestión. La opción C es falsa porque la ley sigue vigente y aplicable en otros casos. La opción D es falsa porque no existe tal distinción en la norma.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, artículo Artículo 161

Respuesta correcta: B) Veinte días naturales.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que el Senado dispone de un plazo de dos meses para vetar o enmendar un proyecto de ley, pero este plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D no corresponden al plazo constitucional establecido para el trámite de urgencia en el Senado.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. /n 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. /n 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Constitución Española, artículo Artículo 90

Respuesta correcta: A) Legislación laboral, en todas sus manifestaciones, incluso las de ejecución.

Por qué es correcta. El artículo 149.1.7ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación laboral, pero añade 'sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas'. Por tanto, la ejecución no es competencia exclusiva del Estado.

Por qué fallan las otras. La opción B es competencia exclusiva del Estado según el 149.1.13ª. La opción C es competencia exclusiva del Estado según el 149.1.4ª. La opción D es competencia exclusiva del Estado según el 149.1.14ª.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: /n [...] /n 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. /n [...] /n 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. /n [...] /n 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. /n 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. /n [...]

Constitución Española, artículo Artículo 149

Respuesta correcta: D) La armonización se efectuará cuando así lo exija el interés de la seguridad nacional.

Por qué es correcta. El artículo 150.3 de la CE establece que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. La apreciación de esta necesidad corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque puede afectar a cualquier materia, incluso propias de la CCAA. La opción B es falsa por el mismo motivo. La opción C es incompleta y menos precisa que la D, ya que la D cita el requisito habilitante (interés general/nacional). Nota: Aunque la opción D dice 'seguridad nacional' y la CE dice 'interés general', en el contexto del examen se da por buena la D por ser la que recoge la justificación de necesidad.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. /n 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. /n 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Constitución Española, artículo Artículo 150

Respuesta correcta: D) Dirigirá la Administración del Estado en dicho territorio, y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Por qué es correcta. El artículo 154 de la Constitución establece que un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque las funciones de los antiguos Gobernadores Civiles fueron asumidas por los Subdelegados del Gobierno en las provincias, bajo la dirección del Delegado. La opción B es incorrecta porque la representación ordinaria del Estado en la CCAA la ostenta el Presidente de la Comunidad Autónoma (Art. 152.1 CE). La opción C es incorrecta porque el Delegado dirige la Administración del Estado, no la autonómica.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Constitución Española, artículo Artículo 154

Respuesta correcta: C) Entre 8.350.000 y 8.500.000 habitantes.

Por qué es correcta. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la población de Andalucía a 1 de enero de 2020 era de 8.464.411 habitantes, lo que se sitúa en el rango de la opción C.

Por qué fallan las otras. Las cifras de las opciones A, B y D no corresponden con los datos oficiales del padrón a fecha 1 de enero de 2020.

Datos estadísticos de población de la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 1 de enero de 2020 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

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