Examen de Policía Local de Linares 2024: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: D) A la protección de la salud.

Por qué es correcta. El artículo 43 de la CE reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública.

Por qué fallan las otras. La opción A corresponde al artículo 45. La opción B corresponde al artículo 47. La opción C corresponde al artículo 50.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. /n 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. /n 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Constitución Española, artículo Artículo 43

Respuesta correcta: B) Precisa de comunicación previa a la autoridad.

Por qué es correcta. En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque aunque no necesita autorización previa, sí precisa comunicación en lugares de tránsito público. La opción C es incorrecta porque el derecho de reunión no está sujeto a autorización previa. La opción D es incorrecta porque sí pueden prohibirse por razones fundadas de alteración del orden público.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: D) Las respuestas a y b son incorrectas.

Por qué es correcta. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial (no es un órgano judicial en sentido estricto del Título VI), sino que es un órgano constitucional independiente encargado de la interpretación de la Constitución. Sus resoluciones tienen valor de cosa juzgada pero la 'Jurisprudencia' como fuente del derecho se asocia técnicamente al Tribunal Supremo según el Código Civil.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque el TC no es un órgano judicial integrado en el Poder Judicial. La opción B es falsa porque, aunque es un órgano constitucional, su doctrina no se denomina técnicamente 'Jurisprudencia' en el sentido del artículo 1.6 del Código Civil, que la reserva al Tribunal Supremo.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. /n 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios Públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. /n 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. /n 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. /n En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. /n 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Constitución Española, artículo Artículo 159

Respuesta correcta: C) El Consejo de Ministros.

Por qué es correcta. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Por qué fallan las otras. El Senado y las Comisiones Parlamentarias intervienen en la tramitación legislativa posterior a la aprobación del proyecto por el Gobierno. La Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Constitución Española, artículo Artículo 88

Respuesta correcta: C) Por un periodo de 9 años.

Por qué es correcta. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

Por qué fallan las otras. El periodo de 4 años corresponde a la legislatura de las Cortes. Los periodos de 8 o 3 años no están previstos para el mandato de los magistrados del TC.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

Constitución Española, artículo Artículo 159

Respuesta correcta: C) El Delegado del Gobierno.

Por qué es correcta. Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Por qué fallan las otras. Los Subdelegados del Gobierno actúan bajo la dirección del Delegado del Gobierno en el ámbito provincial. El Ministerio de Administraciones Públicas (actualmente Política Territorial) es un órgano central. El Consejo de Gobierno es el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Constitución Española, artículo Artículo 154

Respuesta correcta: B) Que el importe total de las anualidades de amortización no exceda del 25 % de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

Por qué es correcta. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, para operaciones de crédito por plazo superior a un año, el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no puede exceder del 25% de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el importe debe destinarse exclusivamente a gastos de inversión. La opción C es incorrecta porque el límite es el 25%, no el 10%. La opción D es incorrecta porque el gasto debe ser de inversión, no corriente.

1. La Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá realizar operaciones de crédito por plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma en que se documenten, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: /n a) Que el importe total del crédito se destine exclusivamente a gastos de inversión. /n b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25 por 100 de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 190

Respuesta correcta: B) Las multas.

Por qué es correcta. Las multas son sanciones pecuniarias derivadas de una infracción, no tienen naturaleza tributaria. Los tributos locales son exclusivamente las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D son recursos que sí tienen naturaleza tributaria o son recargos sobre los mismos según la Ley de Haciendas Locales.

1. La Hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: /n a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. /n b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. /n c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. /n d) Las subvenciones. /n e) Los percibidos en concepto de precios públicos. /n f) El producto de las operaciones de crédito. /n g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. /n h) Las demás prestaciones de derecho público.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 2

Respuesta correcta: A) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2.

Por qué es correcta. El artículo 52.2 de la Ley 7/1985 (LBRL) establece qué actos de las Entidades Locales ponen fin a la vía administrativa, mencionando expresamente al Pleno, Alcaldes/Presidentes y Juntas de Gobierno con las salvedades legales indicadas.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque las resoluciones por delegación ponen fin a la vía administrativa si el órgano delegante también lo hace. La opción C es incorrecta porque la determinación de qué actos agotan la vía administrativa es una reserva de ley, no de reglamento u ordenanza municipal. La D es falsa al ser solo la A correcta.

1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. /n 2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: /n a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2. /n b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. /n c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 52

Respuesta correcta: B) Mayoría absoluta del Pleno de la Corporación.

Por qué es correcta. La Ley de Bases del Régimen Local exige la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

Por qué fallan las otras. La mayoría simple es insuficiente para este supuesto específico. La Junta de Gobierno Local no tiene la competencia para este tipo de enajenación por cuantía, y la resolución de Alcaldía no es el instrumento legal requerido para bienes que superen dicho porcentaje.

2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: /n (...) /n n) La enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 47

Respuesta correcta: A) Las normas no pueden contradecir ni vulnerar a las de rango superior.

Por qué es correcta. La jerarquía normativa implica que las normas de rango inferior no pueden contradecir lo dispuesto en una norma de rango superior, estableciendo una estructura piramidal donde la Constitución es la norma suprema.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son falsas porque vulneran el concepto mismo de jerarquía normativa, que prohíbe taxativamente que una norma inferior contradiga a una superior.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: C) Son las fuentes del Ordenamiento Jurídico Español.

Por qué es correcta. El Código Civil establece de forma taxativa cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español, situando a la ley, la costumbre y los principios generales del derecho en la cúspide de la jerarquía normativa.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son incorrectas porque no son fuentes indirectas ni potestativas, sino las fuentes directas y primarias establecidas por ley.

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. /n 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. /n 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. /n Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. /n 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. /n 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». /n 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. /n 7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, artículo Artículo 1