Examen de Policía Local de Jaén 2026: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) La modificación del artículo 12 de la Constitución.

Por qué es correcta. La mayoría de edad está constitucionalizada en el artículo 12. Para cambiarla, es imperativo reformar la Constitución.

Por qué fallan las otras. No basta con una ley orgánica (C) ni con modificar el Código Civil (D) porque la norma suprema ya fija el límite. El referéndum (A) solo sería obligatorio si se usa el art. 168 o si se solicita en el art. 167.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Constitución Española, artículo Artículo 12

Respuesta correcta: D) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por qué es correcta. El artículo 1.1 de la Constitución Española establece taxativamente que los valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C incluyen conceptos que, aunque presentes en la Constitución (como soberanía, unidad o legalidad), no están definidos en el artículo 1.1 como 'valores superiores del ordenamiento jurídico'.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Constitución Española, artículo Artículo 1

Respuesta correcta: A) El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.

Por qué es correcta. El artículo 32.1 establece que el Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.

Por qué fallan las otras. La opción B se refiere a la legitimación (art. 31), no al informe anual. Las opciones C y D son incorrectas porque el informe se presenta ante las Cortes Generales (ambas cámaras) y en periodo ordinario.

1. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones. /n 2. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Mesas de ambas Cámaras.

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, artículo Artículo 32

Respuesta correcta: A) Cuando se pretenda reformar el artículo 2 de la Constitución.

Por qué es correcta. El procedimiento agravado (art. 168) se aplica a la revisión total, o parcial que afecte al Título Preliminar (donde está el art. 2), Sección 1ª Cap. II Título I, o Título II.

Por qué fallan las otras. El Título VI (Poder Judicial) y el Título X (Reforma) se reforman por el procedimiento ordinario del artículo 167.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

Constitución Española, artículo Artículo 168

Respuesta correcta: D) El uso del nombre, la voz o la imagen de una persona, con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

Por qué es correcta. La opción D describe una intromisión ilegítima según el art. 7.6 de la LO 1/1982. Sin embargo, la pregunta pide cuál 'no tendrá exactamente' esa consideración basándose en el enunciado (aunque parece haber un error en la redacción de la pregunta del examen original, la estructura apunta a que las opciones A, B y C son intromisiones literales del art. 7, y la D es la que se suele exceptuar en fines informativos, aunque aquí se presenta como intromisión). Revisando el art. 8, las excepciones son por autoridad o interés público.

Por qué fallan las otras. A, B y C son definiciones literales de intromisiones ilegítimas del artículo 7.

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por esta Ley: /n 1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. /n 2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos de exploración, o de cualquier otro medio análogo para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, reproducción o publicación. /n 3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. /n 4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. /n 5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, film, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en momentos de su vida privada o en lugares que no tengan el carácter de públicos, salvo en los casos previstos en el artículo octavo, dos. /n 6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, artículo Artículo 7

Respuesta correcta: D) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por qué es correcta. El artículo 5 de la Ley 9/1983 establece como causa de disolución que las reuniones sean organizadas por militares o guardias civiles infringiendo sus leyes de derechos y deberes (art. 13 de la LO 9/2011 y art. 8 de la LO 11/2007). La opción D combina correctamente estas referencias.

Por qué fallan las otras. La A no es causa de disolución por sí misma en esta ley. La B y C son incompletas al citar solo una de las dos leyes de referencia.

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: /n a) Cuando se consideren ilícitas en conformidad con las Leyes Penales. /n b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. /n c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. /n d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, artículo Artículo 5

Respuesta correcta: C) Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

Por qué es correcta. El artículo 28.1 CE establece literalmente la posibilidad de limitar o exceptuar el derecho de sindicación a las Fuerzas Armadas e Institutos armados.

Por qué fallan las otras. La A es incorrecta porque el servicio militar ya no es obligatorio y la redacción mezcla conceptos. La B es incorrecta porque la salud pública es competencia de los 'poderes públicos' (art. 43.2), no solo del Gobierno. La D es incorrecta porque el art. 35.1 dice 'sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo', pero la redacción de la opción es incompleta respecto al resto del artículo.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Respuesta correcta: B) Los hijos del Rey que no tengan la condición de Príncipe o Princesa de Asturias y los hijos de este Príncipe o Princesa serán Infantes de España y recibirán el tratamiento de Alteza Real. Sus consortes, mientras lo sean o permanezcan viudos, tendrán el tratamiento y honores que el Rey, por vía de gracia, les conceda en uso de la facultad que le atribuye el apartado f) del artículo 62 de la Constitución.

Por qué es correcta. El artículo 3 del RD 1368/1987 establece que los hijos del Rey que no tengan la condición de Príncipe o Princesa de Asturias y los hijos de este Príncipe o Princesa serán Infantes de España y recibirán el tratamiento de Alteza Real. Sus consortes tendrán el tratamiento y honores que el Rey, por vía de gracia, les conceda (facultad del art. 62.f CE).

Por qué fallan las otras. La opción A omite 'por vía de gracia'. Las opciones C y D citan erróneamente el apartado g) del artículo 62 (que se refiere al mando supremo de las Fuerzas Armadas) en lugar del f) (expedir decretos, conferir empleos y honores).

Corresponde al Rey: /n f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 62

Respuesta correcta: C) Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Por qué es correcta. El conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional se plantea exclusivamente contra normas con rango de ley (Estado o CCAA), según el artículo 75 bis de la LOTC.

Por qué fallan las otras. Los actos administrativos y reglamentos (A y B) se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no mediante este conflicto constitucional específico.

1. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, artículo Artículo 75 bis

Respuesta correcta: B) Promover políticas que garanticen el ejercicio del derecho al respeto de la orientación sexual y la identidad de género.

Por qué es correcta. El artículo 35 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece expresamente la obligación de los poderes públicos de promover políticas para garantizar el respeto a la orientación sexual e identidad de género.

Por qué fallan las otras. La opción A es restrictiva; la C es falsa pues los poderes públicos no regulan la esfera privada de esa forma; la D es incorrecta ya que es una competencia y obligación pública, no delegable en exclusiva a entidades privadas.

Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 35

Respuesta correcta: C) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

Por qué es correcta. El artículo 84.1.c) de la LBRL establece explícitamente el control posterior como medio de intervención.

Por qué fallan las otras. La A es incorrecta porque la ley citada es la 17/2009 (no 2008). La B es incorrecta porque el artículo de la Ley 39/2015 que regula esto es el 69 (el 92 bis no existe o no corresponde a esta materia). La D es incorrecta porque las órdenes deben ser individuales, no generales constitutivas de mandato (art. 84.1.d).

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: /n a) Ordenanzas y bandos. /n b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma. /n c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. /n d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. /n e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 84

Respuesta correcta: D) Ninguna es correcta.

Por qué es correcta. La pregunta se refiere a una resolución específica de la organización municipal de Jaén. Al no coincidir las opciones A, B o C con la composición real o legal (que suele ser libre designación del Alcalde hasta el límite de 1/3 de concejales), la respuesta es que ninguna es correcta.

Por qué fallan las otras. La proporcionalidad (A) no es obligatoria para la Junta de Gobierno Local, sino para las Comisiones Informativas. Las opciones B y C son repartos políticos arbitrarios no ajustados a la resolución citada.

3. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 23