Examen de Policía Local de Íllora 2017: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: D) La situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

Por qué es correcta. La discriminación directa se define como el trato menos favorable a una persona con discapacidad en comparación con otra en situación análoga.

Por qué fallan las otras. La opción A dice 'más favorable' (incorrecto). Las opciones B y C describen la discriminación indirecta (disposiciones o cláusulas aparentemente neutras que causan desventaja).

c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

Constitución Española, artículo Artículo 2

Respuesta correcta: B) El artículo 137.

Por qué es correcta. El artículo 137 de la Constitución Española desarrolla el principio de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses por parte de los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas, principio que se fundamenta en el artículo 2.

Por qué fallan las otras. El artículo 9 trata sobre los principios de legalidad y jerarquía normativa. El artículo 24 trata sobre la tutela judicial efectiva. El artículo 167 trata sobre el procedimiento de reforma constitucional ordinario.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Constitución Española, artículo Artículo 137

Respuesta correcta: C) Sólo a los españoles de nacionalidad adquirida.

Por qué es correcta. El artículo 11.2 de la Constitución establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Por tanto, solo aquellos que la han adquirido (no de origen) pueden ser privados de ella conforme a la ley.

Por qué fallan las otras. No puede afectar a todos porque los de origen están protegidos. No afecta solo a los de origen porque precisamente ellos no pueden ser privados de ella. No es una sanción derogada, está prevista en el Código Civil para casos de nacionalidad no originaria.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. /n 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. /n 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Constitución Española, artículo Artículo 11

Respuesta correcta: A) Los dos tercios de sus miembros.

Por qué es correcta. Según el artículo 168.1 de la Constitución, cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

Por qué fallan las otras. La mayoría de tres quintas partes es la requerida para la reforma ordinaria (artículo 167). La mayoría absoluta o la mayoría de los presentes no son los quórums establecidos para la revisión total agravada.

1. Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. /n 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. /n 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Constitución Española, artículo Artículo 168

Respuesta correcta: D) a y b son ciertas.

Por qué es correcta. El artículo 33.3 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Por qué fallan las otras. Tanto la causa de utilidad pública (A) como la indemnización (B) son requisitos concurrentes y necesarios según la Constitución.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. /n 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. /n 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 33

Respuesta correcta: A) En los supuestos de delito de terrorismo como se recoge en el artículo 55.2 de la Constitución Española.

Por qué es correcta. La Constitución Española permite la suspensión de ciertos derechos, como el plazo máximo de detención preventiva, de forma individual para investigaciones correspondientes a bandas armadas o elementos terroristas, según el artículo 55.2.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque el artículo 55.1 se refiere a la suspensión general de derechos en estados de excepción o sitio. La opción C es falsa porque el artículo 17.2 sí regula el plazo de detención. La opción D es falsa.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) Los reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª del Capítulo Segundo y en el artículo 30 de dicho título.

Por qué es correcta. El artículo 53.2 de la Constitución establece que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Por qué fallan las otras. No todos los del capítulo segundo (la sección segunda no está incluida, salvo el 30.2). No es cualquier clase de derechos, solo los específicamente señalados. La opción D es una afirmación genérica incorrecta.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). /n 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. /n 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: C) No necesitará autorización previa.

Por qué es correcta. El artículo 21.1 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, estableciendo explícitamente que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

Por qué fallan las otras. La autoridad gubernativa debe ser comunicada en casos de reuniones en lugares de tránsito público, pero no es una autorización. La autoridad judicial no interviene en la fase previa. No se limita a casos de índole política.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: A) En cualquier caso.

Por qué es correcta. El artículo 20.5 de la Constitución establece de forma taxativa que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Por qué fallan las otras. No se puede autorizar gubernativamente bajo ningún concepto. No se limita solo a la prensa impresa, incluye grabaciones y otros medios. El estado de excepción o sitio permite la suspensión de ciertos derechos, pero la pregunta se refiere a la norma general de garantía judicial.

1. Se reconocen y protegen los derechos: /n a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. /n b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. /n c) A la libertad de cátedra. /n d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. /n 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. /n 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. /n 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. /n 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 20

Respuesta correcta: C) Sería inconstitucional.

Por qué es correcta. Dado que el artículo 21.1 de la Constitución dice que el ejercicio del derecho de reunión (que incluye manifestaciones) no necesitará autorización previa, exigir una autorización sería contrario a la Constitución.

Por qué fallan las otras. No existe tal autorización, solo comunicación previa. No es ineludible porque no existe. La opción D describe el supuesto de prohibición, pero no convierte la comunicación en autorización.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: C) Puede efectuarse en todo momento.

Por qué es correcta. El artículo 18.2 de la Constitución establece que el domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Por qué fallan las otras. El habeas corpus se refiere a detenciones ilegales, no a la entrada en domicilio. La autorización judicial no es necesaria si hay flagrante delito. No es que no pueda realizarse, es que es una de las excepciones legales.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: B) Veinte miembros y un Presidente.

Por qué es correcta. El artículo 122.3 de la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el Presidente no se elige 'entre' los 20, sino que se suma a ellos (aunque sea elegido por ellos). La opción C es numéricamente correcta (20+1) pero la definición legal exacta es la de la opción B.

1. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. /n 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. /n 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Constitución Española, artículo Artículo 122