Examen de Policía Local de El Ejido 2023: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) Prestacional.

Por qué es correcta. El derecho a la educación se considera un derecho prestacional porque requiere que el Estado realice una actividad activa (crear centros, contratar profesores) para garantizar su ejercicio.

Por qué fallan las otras. Aunque es universal y social, su naturaleza jurídica técnica en la doctrina constitucional para diferenciarlo de las libertades negativas es la de derecho prestacional.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. /n 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. /n 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. /n 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. /n 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. /n 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. /n 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. /n 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. /n 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. /n 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Constitución Española, artículo Artículo 27

Respuesta correcta: C) Dos Salas.

Por qué es correcta. La LOTC establece que el Tribunal Constitucional funciona en Pleno, Salas y Secciones. Consta de dos Salas.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son incorrectas ya que la ley especifica claramente que el Tribunal consta de dos Salas.

1. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, artículo Artículo 7

Respuesta correcta: B) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

Por qué es correcta. El artículo 148.1.9ª de la Constitución Española permite a las CCAA asumir competencias en la gestión en materia de protección del medio ambiente.

Por qué fallan las otras. Las bases de régimen minero (149.1.25ª) y la sanidad exterior (149.1.16ª) son competencias exclusivas del Estado.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: /n [...] 9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.

Constitución Española, artículo Artículo 148

Respuesta correcta: C) Título V, Capítulo I.

Por qué es correcta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se regula en el Título V (El Poder Judicial en Andalucía), Capítulo I (El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por qué fallan las otras. El Título III trata de las Competencias de la Comunidad Autónoma. El Título I trata de los Derechos Fundamentales, Deberes y Políticas Públicas. El Título VI trata de Economía, Empleo y Hacienda Pública.

CAPÍTULO I. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía /n Artículo 140. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. /n 1. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, para la instrucción y el conocimiento de las causas penales contra los Diputados del Parlamento de Andalucía y contra los miembros del Consejo de Gobierno por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como para el conocimiento de los recursos de casación en materia de derecho propio de Andalucía y de los recursos extraordinarios de revisión que la ley establezca contra las resoluciones firmes de los órganos judiciales con sede en Andalucía. /n 2. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el representante del Poder Judicial en Andalucía. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Título V, Capítulo I

Respuesta correcta: B) Gestión.

Por qué es correcta. La Ley de Autonomía Local de Andalucía establece que los municipios tienen competencias propias en la gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales comunitarios.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D no se corresponden con la literalidad de la competencia atribuida en materia de servicios sociales comunitarios por la Ley 5/2010.

Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias: /n 1. En materia de servicios sociales: /n a) Gestión de los servicios sociales comunitarios y de las prestaciones técnicas y económicas que les correspondan.

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: D) 27 diputados.

Por qué es correcta. Según el artículo 204 de la LOREG, a las provincias de 500.001 a 1.000.000 de habitantes les corresponden 27 diputados.

Por qué fallan las otras. 25 diputados es para hasta 500.000; 31 para hasta 3.500.000 (la opción B dice 33 que no existe en la escala); 21 es para hasta 250.000.

1. El número de Diputados correspondientes a cada Diputación Provincial se determina, según el número de habitantes de la provincia, de acuerdo con la siguiente escala: /n Hasta 500.000 residentes, 25. /n De 500.001 a 1.000.000, 27. /n De 1.000.001 a 3.500.000, 31. /n De 3.500.001 en adelante, 51.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, artículo Artículo 204

Respuesta correcta: B) Los consorcios.

Por qué es correcta. El artículo 78 de la LAULA define a los consorcios como entidades públicas de cooperación territorial.

Por qué fallan las otras. Las ELA son entidades locales descentralizadas; los convenios son instrumentos, no entidades; las empresas de colaboración no son la figura definida como entidad pública de cooperación territorial en este contexto.

1. Los consorcios son entidades públicas de cooperación territorial, de carácter voluntario, con personalidad jurídica propia y diferenciada, constituidas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para la gestión de servicios públicos o el ejercicio de competencias de su titularidad. /n 2. Los consorcios se rigen por sus estatutos, por la presente ley y por la legislación básica en materia de régimen jurídico del sector público.

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, artículo Artículo 78

Respuesta correcta: A) 8.494.155.

Por qué es correcta. Según los datos oficiales del INE para el 1 de enero de 2022, la población de Andalucía ascendía a 8.494.155 habitantes.

Por qué fallan las otras. Las otras cifras no corresponden a los datos oficiales publicados por el INE para esa fecha específica.

Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022. Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre.

Cultural, artículo Cifras oficiales de población

Respuesta correcta: B) El plazo de interposición del recurso será de tres meses.

Por qué es correcta. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de errores de hecho que resulten de los propios documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque se interpone contra actos firmes en vía administrativa. La opción C es incorrecta porque el plazo es de tres meses en los supuestos de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 125.1. La opción D es incorrecta porque corresponde al órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución.

1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse ante el órgano administrativo que dictó el acto objeto de impugnación, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: /n 1.º Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. /n 2.º Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. /n 3.º Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. /n 4.º Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. /n 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1.ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. /n 3. Lo establecido en este artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 125

Respuesta correcta: C) Artículo 50.

Por qué es correcta. El artículo 50 de la Ley 39/2015 regula la 'Conversión de actos viciados', estableciendo que si contienen los elementos de otro distinto, producirán los efectos de este.

Por qué fallan las otras. El artículo 48 trata de la anulabilidad; el artículo 49 de los límites de la invalidez (transmisión); el artículo 51 de la conservación de actos y trámites.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 50

Respuesta correcta: C) Cinco años.

Por qué es correcta. Según el artículo 6.4 de la Ley 39/2015, los poderes inscritos tienen una validez determinada máxima de cinco años.

Por qué fallan las otras. La ley establece un plazo máximo de cinco años, prorrogables, pero no permanente ni de tres o diez años como regla general inicial.

4. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 6

Respuesta correcta: C) Titulo IV, Capítulo VI.

Por qué es correcta. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común se encuentra regulada en el Capítulo VI del Título IV de la Ley 39/2015.

Por qué fallan las otras. El Título V trata de la revisión de actos; el Título II de los interesados; el Título III de los actos administrativos.

Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. /n Capítulo VI. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Título IV, Capítulo VI