Examen de Policía Local de Córdoba 2018 (Oficiales): preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) Salvo resolución judicial.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque incluye la resolución policial, la cual no es suficiente para levantar el secreto de las comunicaciones telefónicas según el precepto constitucional. La opción B es incorrecta por el mismo motivo. La opción D es incorrecta porque el derecho no es absoluto y admite la excepción de la resolución judicial.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: B) No cuando es proporcional y necesario.

Por qué es correcta. El TEDH ha establecido que no toda diferencia de trato constituye una violación del Convenio, sino solo aquellas que carecen de una justificación objetiva y razonable, es decir, si no persiguen un fin legítimo o si no hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque existen tratos desiguales legítimos. Las opciones C y D son incorrectas porque la discriminación directa o indirecta son precisamente lo que se intenta evitar, salvo que exista esa justificación de proporcionalidad y necesidad.

La jurisprudencia del TEDH (Caso Relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, 1968) establece que el principio de igualdad de trato no se viola si la distinción tiene una justificación objetiva y razonable. La existencia de tal justificación debe apreciarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida de que se trate, atendiendo a los principios que prevalecen normalmente en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho reconocido por el Convenio no debe solo perseguir un fin legítimo: el artículo 14 se ve igualmente violado cuando se establece claramente que no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin que se pretende alcanzar.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo Jurisprudencia TEDH

Respuesta correcta: B) La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho a sindicarse a las Fuerzas o Institutos armados, o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.

Por qué es correcta. La Constitución permite que la ley limite o exceptúe el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque para los funcionarios públicos la ley regulará las 'peculiaridades' de su ejercicio, no su limitación o excepción general. La opción C es falsa porque el artículo 28.1 establece excepciones claras. La opción D es incorrecta al ser la B la única verdadera.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. /n 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Respuesta correcta: B) Las asociaciones paramilitares y las secretas.

Por qué es correcta. El apartado 5 del artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D incluyen el término 'ilegales'. Aunque las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales (Art. 22.2), el artículo 22.5 especifica que las prohibidas son las secretas y las de carácter paramilitar.

1. Se reconoce el derecho de asociación. /n 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. /n 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. /n 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. /n 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Constitución Española, artículo Artículo 22

Respuesta correcta: D) En caso de consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito.

Por qué es correcta. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece tres supuestos legales para la entrada o registro en un domicilio: el consentimiento del titular, la resolución judicial o el caso de flagrante delito.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incompletas al utilizar el término 'exclusivamente' y omitir alguno de los tres supuestos constitucionales permitidos (consentimiento, resolución judicial o flagrante delito).

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: A) Un 5,2 % inferior al del año 2008

Por qué es correcta. Según los datos estadísticos oficiales del INE para ese periodo, el PIB per cápita de Andalucía en 2016 aún se encontraba por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008, concretamente un 5,2% inferior.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D no se corresponden con la realidad de los datos macroeconómicos publicados por el INE para la serie histórica 2008-2016 en Andalucía.

Pregunta de carácter cultural/estadístico basada en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la economía andaluza.

Cultural

Respuesta correcta: A) Es indelegable.

Por qué es correcta. En los municipios de gran población, el artículo 124.5 de la Ley 7/1985 establece que el Alcalde podrá delegar sus competencias, excepto, entre otras, la de dictar bandos.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque la facultad de dictar bandos está expresamente excluida de las competencias delegables del Alcalde en el régimen de municipios de gran población.

4. Corresponden al Alcalde las siguientes competencias: /n (...) /n g) Dictar bandos, decretos e instrucciones. /n (...) /n 5. El Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias mencionadas en el apartado anterior en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, con excepción de las señaladas en los párrafos a), b), e), f) y g), así como la de concertar operaciones de crédito, previstas en el párrafo m), cuando su importe exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 124

Respuesta correcta: C) A un concejal en todo caso.

Por qué es correcta. El artículo 128.2 de la Ley 7/1985 establece que la presidencia del distrito corresponderá, en todo caso, a un concejal.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque aunque el Alcalde preside la corporación, la ley especifica que el distrito lo preside un concejal. La opción B es incorrecta porque la ley dice 'en todo caso', no lo supedita a una delegación facultativa. La opción D es incorrecta porque el Pleno no es el órgano que ostenta la presidencia.

1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como órganos territoriales para la gestión desconcentrada de las competencias municipales con el objeto de impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. /n 2. Corresponde al Pleno de la corporación el establecimiento y regulación de los distritos, que en todo caso deberán garantizar la efectividad de los derechos de los vecinos en el acceso a la administración municipal. /n 3. La presidencia del distrito corresponderá, en todo caso, a un concejal.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 128

Respuesta correcta: D) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Por qué es correcta. El artículo 26.1.a) de la LBRL establece que en todos los municipios se deben prestar los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C contienen servicios que solo son obligatorios para municipios con una población superior a determinados umbrales (20.000 o 50.000 habitantes), mientras que la opción D recoge los servicios obligatorios para todos los municipios con independencia de su población.

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: /n a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. /n b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. /n c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. /n d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 26

Respuesta correcta: A) Habrá información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días.

Por qué es correcta. El artículo 49.b) de la LBRL establece que tras la aprobación inicial por el Pleno, se debe abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D son incorrectas porque el plazo legalmente establecido es de un mínimo de 30 días, no un máximo ni un plazo inferior.

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: /n a) Aprobación inicial por el Pleno. /n b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. /n c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. /n En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 49

Respuesta correcta: D) Todas son ciertas.

Por qué es correcta. Todas las opciones anteriores son correctas según el artículo 5 de la Ley 39/2015. Los interesados pueden actuar por representante (5.1), las personas físicas y jurídicas pueden ser representantes (5.2) y para formular solicitudes se requiere acreditar dicha representación (5.3).

Por qué fallan las otras. No hay opciones incorrectas entre la A, B y C, por lo que la respuesta correcta es que todas son ciertas.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. /n 2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. /n 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. /n 4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. /n A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. /n 5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. /n 6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 5

Respuesta correcta: B) Del día siguiente en que se notifique o publique.

Por qué es correcta. Según la Ley 39/2015, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y C son incorrectas porque el cómputo se inicia el día siguiente, no el mismo día. La opción D es incorrecta porque el hito relevante es la notificación o publicación, no la resolución en sí misma.

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. /n Cuando los plazos se señalen por días naturales por declararlo así una Ley o el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. /n 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. /n 3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. /n 4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. /n El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. /n 5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. /n 6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 30