Examen de Policía Local de Chauchina 2026: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: D) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

Por qué es correcta. El artículo 10.1 de la Constitución Española establece textualmente que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C no recogen la literalidad completa ni exacta de los elementos que el artículo 10.1 de la Constitución Española proclama como fundamento del orden político y de la paz social.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. /n 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Constitución Española, artículo Artículo 10

Respuesta correcta: C) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por qué es correcta. El artículo 1.1 de la Constitución Española define de forma exacta y literal que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque no refleja el contenido del artículo 1.1. La opción B incluye el contenido del artículo 1.2 relativo a la soberanía nacional. La opción D añade una referencia incorrecta sobre la forma administrativa del Estado, la cual se define en el artículo 1.3 como Monarquía parlamentaria (forma política del Estado, no forma administrativa).

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. /n 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes de la Estado. /n 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Constitución Española, artículo Artículo 1

Respuesta correcta: D) Es un alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Por qué es correcta. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incorrectas porque el Defensor del Pueblo no pertenece al Poder Judicial, no es un órgano consultivo del Gobierno con capacidad de veto, ni depende del Tribunal Constitucional.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Constitución Española, artículo Artículo 54

Respuesta correcta: C) Aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cortes por dos tercios de cada Cámara y referéndum obligatorio.

Por qué es correcta. El artículo 168 de la Constitución Española establece que cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Por qué fallan las otras. La opción A describe el procedimiento ordinario de reforma del artículo 167. La opción B y la opción D no se corresponden con los requisitos de mayorías, disolución y ratificación exigidos por la Constitución para la revisión total.

1. Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. /n 2. Las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. /n 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Constitución Española, artículo Artículo 168

Respuesta correcta: C) Prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

Por qué es correcta. El artículo 517.1.º del Código Penal establece que a los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución, se les impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque carece de la pena de inhabilitación especial y los límites de prisión son incorrectos. La opción B es incorrecta porque las penas de prisión, multa e inhabilitación no se corresponden con los límites establecidos en el artículo 517.1.º. La opción D es falsa porque la opción C es la correcta.

En los casos previstos en los números 1.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas: /n 1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años. /n En el caso del número 2.º del artículo 515, se impondrá a los directores, presidentes y fundadores la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo Artículo 517

Respuesta correcta: B) Uno a tres años.

Por qué es correcta. El artículo 514.4 del Código Penal dispone que los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si se realizara con violencia, y con la de prisión de uno a tres años si los hechos se realizaran con violencia sobre las personas o mediante amenazas graves.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D son incorrectas porque no se corresponden con la pena de prisión de uno a tres años establecida en el artículo 514.4 del Código Penal para los supuestos de violencia o amenazas graves.

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si se realizara con violencia, y con la de prisión de uno a tres años si los hechos se realizaran con violencia sobre las personas o mediante amenazas graves.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo Artículo 514

Respuesta correcta: B) La entrada o registro en domicilio ajeno requiere consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El secreto de las comunicaciones es inviolable, salvo resolución judicial.

Por qué es correcta. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Asimismo, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque la entrada en el domicilio no requiere siempre resolución judicial (cabe el consentimiento o el flagrante delito) y el secreto de las comunicaciones no puede ser levantado por orden del Ministerio del Interior con carácter general sin control judicial previo o habilitación constitucional específica. La opción C es incorrecta porque el secreto de las comunicaciones no es absoluto (admite resolución judicial) y la entrada en el domicilio por investigación policial requiere autorización judicial o consentimiento, salvo flagrante delito.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: C) El conocimiento de los recursos de amparo por violación de los derechos y libertades públicas recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución.

Por qué es correcta. El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución.

Por qué fallan las otras. La opción A es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. La opción B es competencia del Tribunal Supremo o del órgano jurisdiccional correspondiente para resolver conflictos de competencia o jurisdicción.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: /n a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con fuerza de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias pronunciadas no perderán el valor de cosa juzgada. /n b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. /n c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. /n d) De las demás materias que la Constitución o las leyes orgánicas le atribuyan. /n 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Constitución Española, artículo Artículo 161

Respuesta correcta: A) Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Por qué es correcta. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, es la norma que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, constituyendo su última reforma con anterioridad a la fecha de referencia del examen.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C indican fechas incorrectas para la Ley Orgánica de eficiencia de la Justicia (que es del 2 de enero de 2025). La opción D hace referencia a una reforma anterior (Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto).

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, modifica diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas medidas de eficiencia procesal y organizativa.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Disposición Final

Respuesta correcta: C) Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Por qué es correcta. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D no contemplan la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto exigida por la Constitución.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. /n 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Constitución Española, artículo Artículo 81

Respuesta correcta: C) La tasa de desempleo en Andalucía se sitúa alrededor del 14,7% y es una de las más bajas del territorio español en comparación con el promedio nacional.

Por qué es correcta. La opción C es incorrecta (y por tanto la respuesta a marcar) porque, aunque la tasa de desempleo en Andalucía ha ido variando, históricamente y en términos comparativos no es una de las más bajas del territorio español, sino que se sitúa de forma recurrente por encima de la media nacional.

Por qué fallan las otras. La opción A es correcta, ya que el sector primario andaluz tiene un peso relativo en su PIB muy superior a la media nacional. La opción B es correcta, reflejando el peso mayoritario del sector servicios en la economía andaluza. La opción D es correcta, ya que la población de Andalucía representa aproximadamente el 18% del total de España.

La Comunidad Autónoma de Andalucía propiciará el crecimiento económico y el desarrollo social de su territorio basándose en el aprovechamiento de sus recursos, la mejora de la competitividad de sus sectores productivos y la cohesión social y territorial.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 10

Respuesta correcta: A) La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.

Por qué es correcta. La Junta de Andalucía organiza su autogobierno a través del Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D incluyen órganos que no forman parte de la organización institucional básica de la Junta de Andalucía según el artículo 99.1, como el Tribunal Superior de Justicia (que es el máximo órgano judicial pero no integra la Junta de Andalucía), comisiones de gobierno o delegados del Gobierno.

1. La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo Artículo 99