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Examen de Policía Local de Cádiz 2026 (Oficiales): preguntas y respuestas justificadas

Las 56 preguntas del examen de Policía Local de Cádiz (Oficiales) de la convocatoria de 2026, con la respuesta correcta, por qué fallan las demás opciones y el artículo concreto que lo respalda, transcrito literalmente.

Qué entró en el examen

Las 56 preguntas se reparten en 22 temas. Esta es la distribución real:

TemaPreguntas%
Legislación básica de procedimiento administrativo común712.5%
Concepto y elementos de la infracción penal712.5%
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales58.9%
Detención: concepto, clases y supuestos47.1%
Las Entidades Locales35.4%
Delitos de odio y discriminación35.4%
Delitos contra la salud pública: Favorecimiento al consumo35.4%
Delitos contra la seguridad vial: Delito de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas35.4%
Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales23.6%
Personal al servicio de las administraciones públicas23.6%
Ley de Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo23.6%
Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo23.6%
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Hurto23.6%
Disposiciones generales en materia de tráfico23.6%
Las infracciones de tráfico y seguridad vial23.6%
Delitos contra la vida y la integridad física: Homicidio y sus formas11.8%
Principios de actuación de la policía judicial11.8%
Violencia de género y doméstica11.8%
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género11.8%
Reglamento General de Vehículos: normas generales11.8%
Bebidas alcohólicas y drogas en la conducción11.8%
El principio de igualdad entre hombres y mujeres y la tutela contra la discriminación11.8%

Normativa más preguntada

12 preguntas resueltas

Intenta responder antes de desplegar la solución.

Pregunta 1. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por:

  1. El Alcalde y un número de Concejales superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.
  2. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.
  3. El Alcalde y un número de Concejales superior a la mitad del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.
  4. El Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: B) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.

Por qué es correcta. El artículo 23 de la Ley 7/1985 establece que la Junta de Gobierno Local se compone del Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. La opción B reproduce fielmente este contenido normativo.

Por qué fallan las otras. La opción A menciona "superior al tercio" cuando la norma dice "no superior al tercio", lo que es incorrecto. La opción C habla de "superior a la mitad", que no se corresponde con lo establecido en la ley. La opción D menciona "no superior a la mitad", lo que tampoco se ajusta al artículo 23, que fija el límite en el tercio.

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 23

Pregunta 2. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Gobierno y la administración municipal corresponde a:

  1. Al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
  2. Al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.
  3. Al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, incluido aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
  4. A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) Al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.

Por qué es correcta. El artículo 19.1 de la LBRL establece que el Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C omiten o incluyen erróneamente la excepción del régimen de Concejo Abierto, que tiene su propio sistema de gobierno (Asamblea vecinal). La opción D se refiere a la administración provincial.

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. /n 2. Lo dispuesto en el número anterior no será de aplicación a los municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 19

Pregunta 3. ¿A quien corresponde la aprobación de bandos conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local?

  1. Al Pleno.
  2. A la Junta de Gobierno Local.
  3. Al Alcalde.
  4. Ninguna de las respuestas es correcta.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) Al Alcalde.

Por qué es correcta. El artículo 21.1.e) de la LBRL atribuye al Alcalde la competencia de dictar bandos.

Por qué fallan las otras. El Pleno aprueba ordenanzas y reglamentos, pero no bandos. La Junta de Gobierno Local tiene funciones de asistencia y las que le delegue el Alcalde o el Pleno, pero la potestad de dictar bandos es originaria del Alcalde.

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ejerce las siguientes atribuciones: /n [...] /n e) Dictar bandos.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 21

Pregunta 4. El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local señala en relación a la información pública y audiencia a los interesados

  1. Se realizará por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
  2. Se realizará por el plazo máximo de treinta días para la presentación de solicitudes y rectificaciones.
  3. Se realizará por el plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
  4. Se realizará por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de solicitudes y rectificaciones
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) Se realizará por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Por qué es correcta. El artículo 49.b) de la LBRL establece que tras la aprobación inicial de las ordenanzas, se abre un plazo de información pública y audiencia a los interesados por un mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D fallan al calificar el plazo como 'máximo' o al cambiar el objeto del plazo (solicitudes/rectificaciones) o la duración (veinte días).

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: /n a) Aprobación inicial por el Pleno. /n b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. /n c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 49

Pregunta 5. La licencia urbanística:

  1. Esunacto reglado de competencia exclusiva de la Administración Autonómica.
  2. Podrá concederse con base en las determinaciones de instrumentos de ordenación futuros y condicionada a la aprobación de éstos.
  3. Debe otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
  4. Todas las respuestas son ciertas.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) Debe otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Por qué es correcta. La respuesta C es correcta porque refleja el carácter de la licencia urbanística como un acto que debe otorgarse respetando el derecho de propiedad del solicitante y sin afectar los derechos de terceros. Esta es la formulación clásica recogida en la legislación urbanística española, conforme a los principios que rigen la otorgación de licencias administrativas.

Por qué fallan las otras. A es incorrecta porque la licencia urbanística no es de competencia exclusiva de la Administración Autonómica, sino que corresponde fundamentalmente a los municipios. B es incorrecta porque las licencias no pueden condicionarse a determinaciones de instrumentos futuros, debe existir certeza en la normativa vigente al momento de otorgarse. D es incorrecta porque no todas las afirmaciones son ciertas en función de lo analizado.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: /n a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 25

Pregunta 6. El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que los actos administrativos serán objeto de publicación, en los siguientes casos:

  1. Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.
  2. Cuando tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
  3. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
  4. Las respuestas a y c son correctas.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: D) Las respuestas a y c son correctas.

Por qué es correcta. El artículo 45.1 de la Ley 39/2015 establece que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Específicamente, las opciones A y C recogen supuestos literales del artículo.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque la ley especifica que la publicación procede cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad 'indeterminada' de personas, no 'determinada'.

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. /n En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: /n a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. /n b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 45

Pregunta 7. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos administrativos no precisa ser motivado?

  1. Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión.
  2. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
  3. Los que acepten el desistimiento por el interesado.
  4. Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: D) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Por qué es correcta. El artículo 35.1 de la Ley 39/2015 enumera los actos que deben ser motivados, incluyendo en su apartado a) los que limiten derechos, en su apartado b) los que resuelvan recursos o revisiones de oficio, y en su apartado g) los que acepten el desistimiento. Por tanto, todos los mencionados requieren motivación.

Por qué fallan las otras. Ninguna de las opciones es incorrecta por sí misma, ya que todas forman parte de la lista de actos que requieren motivación según el artículo 35.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: /n a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. /n b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. /n ... /n g) Los actos que acepten el desistimiento por el interesado, la renuncia de derechos y la caducidad del procedimiento, así como la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y el que acuerde la suspensión del procedimiento, cualquiera que sea el motivo de ésta. /n i) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 35

Pregunta 8. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, ¿podrá la Administración convalidar los actos anulables?

  1. Si, subsanando los vicios de que adolezcan.
  2. No, en ningún caso.
  3. Si, en todo caso.
  4. Si, declarando su conversión
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) Si, subsanando los vicios de que adolezcan.

Por qué es correcta. El artículo 52.1 de la Ley 39/2015 permite expresamente la convalidación de actos anulables mediante la subsanación de sus vicios.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C son incorrectas porque la convalidación es una potestad reglada sujeta a la existencia de vicios subsanables, no es ni prohibida ni absoluta. La opción D es incorrecta porque la convalidación no es una conversión (figura distinta regulada en el art. 50).

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. /n 2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. /n 3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. /n 4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 52

Pregunta 9. Señala la respuesta correcta. El artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala:

  1. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
  2. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
  3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
  4. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: B) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Por qué es correcta. Según el artículo 126.3 de la Ley 39/2015, el plazo para resolver el recurso extraordinario de revisión es de tres meses, y el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios.

Por qué fallan las otras. La opción A indica un plazo de un mes (incorrecto). La opción C indica silencio positivo (incorrecto). La opción D indica un plazo de un mes y silencio positivo (incorrecto).

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. /n 2. El órgano al que corresponde resolver el recurso se pronunciará no sólo sobre la forma, sino también sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. /n 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 126

Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Publicas es considerado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como nulo de pleno derecho?

  1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo inconstitucional.
  2. Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.
  3. Los que tengan un contenido posible.
  4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: A) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo inconstitucional.

Por qué es correcta. El artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015 establece que son nulos de pleno derecho los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque la nulidad se produce por incompetencia 'manifiesta', no por ser 'competente'. La opción C es incorrecta porque la nulidad es por contenido 'imposible', no 'posible'. La opción D es incorrecta porque los actos constitutivos de infracción penal son nulos, pero no necesariamente los que se dicten 'como consecuencia' de esta si no hay nexo directo de nulidad.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: /n a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. /n b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. /n c) Los que tengan un contenido imposible. /n d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. /n e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. /n f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. /n g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 47

Pregunta 11. ¿En que consiste la concentración de trámites a la que alude el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

  1. En el impulso, de oficio o a instancia de parte, mediante la acumulación rigurosa de expedientes de homogénea naturaleza.
  2. En acordar en un solo acto, todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
  3. En el impulso, de oficio, mediante al acumulación rigurosa de expedientes de homogénea naturaleza.
  4. Todas las respuestas son falsas
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: B) En acordar en un solo acto, todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

Por qué es correcta. El artículo 72.1 de la Ley 39/2015 define la concentración de trámites como el acuerdo en un solo acto de todos los trámites que admitan impulso simultáneo.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y C confunden la concentración de trámites con la 'acumulación' de expedientes (regulada en el art. 57).

1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. /n 2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 72

Pregunta 12. ¿Qué plazo señala el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para el periodo de prueba?

  1. No superior a quince días ni inferior a diez.
  2. No superior a veinte días ni inferior a diez.
  3. No superior a treinta días ni inferior a diez.
  4. No superior a treinta días, ni inferior a quince.
Ver respuesta y justificación

Respuesta correcta: C) No superior a treinta días ni inferior a diez.

Por qué es correcta. El artículo 77.2 establece un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.

Por qué fallan las otras. El resto de opciones proponen plazos máximos o mínimos que no coinciden con el tenor literal de la ley.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 77

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Preguntas frecuentes

¿Cuántas preguntas tuvo el examen de Policía Local de Cádiz 2026?

Este examen consta de 56 preguntas tipo test repartidas en 22 temas del temario oficial.

¿Qué temas entraron en el examen de Cádiz?

Los temas con más peso fueron: Legislación básica de procedimiento administrativo común, Concepto y elementos de la infracción penal, Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales, Detención: concepto, clases y supuestos.

¿Las respuestas están justificadas?

Sí. Cada respuesta indica la norma aplicable y transcribe el artículo concreto, para que puedas comprobarlo por tu cuenta.