Examen de Policía Local de Cádiz 2020: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) Tercero del Primero.

Por qué es correcta. La Constitución Española de 1978 estructura los principios rectores de la política social y económica en el Capítulo III del Título I.

Por qué fallan las otras. El Capítulo II del Título I se refiere a los Derechos y Libertades. El Título Preliminar no contiene estos principios rectores.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales. /n Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica.

Constitución Española, artículo Capítulo III

Respuesta correcta: C) Sólo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria.

Por qué es correcta. El artículo 53.3 establece que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero (artículos 39 a 52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque el recurso de amparo solo protege los derechos de los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del 30. La opción B es falsa porque el procedimiento preferente y sumario solo se aplica a los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II y el artículo 14. La opción D es falsa porque la reserva de Ley Orgánica es para el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª Cap. II).

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). /n 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. /n 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: B) El Título I de la Constitución.

Por qué es correcta. El artículo 54 de la Constitución establece explícitamente que el Defensor del Pueblo es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta por ser demasiado amplia; la función se circunscribe al Título I. Las opciones C y D son incorrectas por ser restrictivas, ya que el mandato abarca todo el Título I, no solo capítulos o secciones específicas.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Constitución Española, artículo Artículo 54

Respuesta correcta: A) El derecho a la propiedad privada.

Por qué es correcta. El derecho a la propiedad privada se encuentra regulado en el artículo 33, dentro de la Sección 2ª del Capítulo II del Título I, por lo que no es un principio rector (Capítulo III).

Por qué fallan las otras. La protección de la familia (art. 39), la salud (art. 43) y la vivienda digna (art. 47) sí forman parte del Capítulo III (Principios Rectores).

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. /n 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. /n 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 33

Respuesta correcta: B) A los Poderes Públicos.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece explícitamente que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, C y D son incorrectas porque la Constitución utiliza el término genérico 'Poderes Públicos', que engloba a todas las administraciones y órganos del Estado, no limitándose solo a la Administración Pública o al Gobierno.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. /n 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. /n 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Constitución Española, artículo Artículo 51

Respuesta correcta: A) El derecho a la propiedad privada.

Por qué es correcta. El derecho a la propiedad privada está regulado en el artículo 33, dentro de la Sección 2ª del Capítulo II del Título I, por lo que es un derecho de los ciudadanos, no un principio rector del Capítulo III.

Por qué fallan las otras. La opción B (Art. 39), la opción C (Art. 43) y la opción D (Art. 47) forman parte del Capítulo III del Título I, que contiene los principios rectores de la política social y económica.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. /n 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. /n 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 33

Respuesta correcta: D) A ser informado de los derechos y razones de la detención.

Por qué es correcta. Según el artículo 55.1, el derecho a ser informado de los derechos y razones de la detención (Art. 17.3) no figura entre los derechos que pueden ser suspendidos en el estado de excepción.

Por qué fallan las otras. Las opciones A (Art. 18.2), B (Art. 19) y C (Art. 37.2) están expresamente mencionadas en el artículo 55.1 como derechos que pueden ser suspendidos tras la declaración del estado de excepción o de sitio.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) Artículo 28.2.

Por qué es correcta. El derecho a la huelga (28.2) está regulado por el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que es una norma anterior a la Constitución de 1978.

Por qué fallan las otras. El artículo 24.1 (tutela judicial) se desarrolla por la LOPJ de 1985. El 20.1.c (libertad de cátedra) no tiene una norma preconstitucional de desarrollo vigente como tal.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. /n 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Respuesta correcta: D) 500.000 firmas acreditadas

Por qué es correcta. La Constitución Española establece explícitamente que para la iniciativa legislativa popular se requerirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C proponen cifras inferiores a las 500.000 firmas que exige el texto constitucional en su artículo 87.3.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. /n 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. /n 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Constitución Española, artículo Artículo 87

Respuesta correcta: C) No puede ser votada hasta transcurridos cinco días desde su presentación.

Por qué es correcta. El artículo 113.3 de la Constitución establece que la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el Senado no interviene en la aprobación de la moción de censura. La opción B es incorrecta porque la propuesta requiere la décima parte de los diputados, no la mayoría simple. La opción D es incorrecta porque la aprobación de la moción de censura obliga al Gobierno a presentar su dimisión al Rey y se entiende investido el candidato propuesto, no obliga a elecciones (Art. 114.2).

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. /n 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. /n 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. /n 4. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Constitución Española, artículo Artículo 113

Respuesta correcta: D) Dos meses.

Por qué es correcta. El artículo 90.2 de la Constitución establece que el Senado tiene un plazo de dos meses para oponer su veto o introducir enmiendas a los proyectos de ley remitidos por el Congreso.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el plazo de urgencia es de 20 días naturales (Art. 90.3). La opción B es incorrecta porque 20 días es el plazo de urgencia, no el habitual. La opción C es incorrecta porque el plazo constitucional es de dos meses.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. /n 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. /n 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Constitución Española, artículo Artículo 90

Respuesta correcta: C) Iniciativa cuarta parte del Congreso y aprobación de la mayoría absoluta del Senado.

Por qué es correcta. El artículo 102.2 de la Constitución establece que la acusación solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque el Senado no tiene iniciativa en este proceso. La opción B es incorrecta porque la iniciativa es de 1/4, no de mayoría absoluta. La opción D es incorrecta porque no se requiere mayoría de 3/5 ni intervención del Senado en la aprobación.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. /n 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. /n 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Constitución Española, artículo Artículo 102