Examen de Policía Local de Bormujos 2018: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: A) Exclusivamente ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Por qué es correcta. Según el artículo 53.3 de la CE, los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III) solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Por qué fallan las otras. Las opciones B y C son incorrectas porque el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional está reservado para la objeción de conciencia (art. 30) y los derechos reconocidos en los artículos 14 a 29, no para los principios del Capítulo III.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). /n 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. /n 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: A) Por Ley.

Por qué es correcta. El artículo 53.1 de la CE establece una reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I.

Por qué fallan las otras. La opción B es incorrecta porque el Decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I (Art. 86.1 CE). La opción C es incorrecta porque el reglamento (Real Decreto) no tiene rango suficiente para regular el ejercicio de estos derechos por la reserva de ley establecida.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

Constitución Española, artículo Artículo 53

Respuesta correcta: C) a) y b) son correctas.

Por qué es correcta. El artículo 39 de la Constitución establece en su apartado 1 la protección de la familia y en su apartado 2 la protección integral de los hijos.

Por qué fallan las otras. La opción D es falsa porque tanto la opción A como la B recogen literalmente mandatos constitucionales dirigidos a los poderes públicos en el artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. /n 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. /n 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. /n 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 39

Respuesta correcta: C) a) y b) son correctas.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la CE permite la suspensión del derecho reconocido en el artículo 18.3 (secreto de las comunicaciones) cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio.

Por qué fallan las otras. La opción D es falsa porque la Constitución prevé expresamente la suspensión de este derecho en situaciones excepcionales de crisis constitucional.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) Las Fuerzas Armadas.

Por qué es correcta. La Constitución Española atribuye específicamente a las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por qué fallan las otras. La Policía Nacional y la Guardia Civil forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión según el artículo 104 CE es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, pero no tienen la misión constitucional específica del artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. /n 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Constitución Española, artículo Artículo 8

Respuesta correcta: D) Derecho a la propiedad privada y a la herencia.

Por qué es correcta. El derecho a la propiedad privada y a la herencia se encuentra en el artículo 33, dentro de la Sección 2ª del Capítulo II del Título I. Los derechos fundamentales en sentido estricto (con máxima protección) son los comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II (artículos 15 a 29).

Por qué fallan las otras. Las opciones A (artículo 16), B (artículo 19) y C (artículo 22) forman parte de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, por lo que gozan de la consideración de derechos fundamentales y libertades públicas con el máximo nivel de protección constitucional.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. /n 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. /n 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 33

Respuesta correcta: B) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial.

Por qué es correcta. La Constitución establece un límite máximo de 72 horas para la detención preventiva, debiendo durar el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones.

Por qué fallan las otras. La opción A indica 48 horas, que es un plazo inferior al máximo constitucional. La opción C indica 'sin restricción alguna', lo cual es contrario al derecho a la libertad y seguridad que impone límites temporales estrictos.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. /n 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. /n 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. /n 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Constitución Española, artículo Artículo 17

Respuesta correcta: B) Civil, Penal, Social, Contencioso-Administrativo y Militar.

Por qué es correcta. El Tribunal Supremo se compondrá del Presidente, de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que la ley determine para cada una de sus Salas y, en su caso, Secciones. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Primera: De lo Civil. Segunda: De lo Penal. Tercera: De lo Contencioso-administrativo. Cuarta: De lo Social. Quinta: De lo Militar.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y C omiten salas fundamentales como la de lo Militar o la de lo Contencioso-Administrativo.

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: /n Primera: De lo Civil. /n Segunda: De lo Penal. /n Tercera: De lo Contencioso-administrativo. /n Cuarta: De lo Social. /n Quinta: De lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: B) La potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las Leyes.

Por qué es correcta. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, no al Rey, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución.

Por qué fallan las otras. El Alto Patronazgo de las Reales Academias (Art. 62.j) y manifestar el consentimiento del Estado en tratados (Art. 63.2) son funciones expresamente atribuidas al Rey por la Constitución.

Corresponde al Rey: /n a) Sancionar y promulgar las leyes. /n b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. /n c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. /n d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. /n e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. /n f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. /n g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. /n h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. /n i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. /n j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Constitución Española, artículo Artículo 62

Respuesta correcta: D) Tres quintos.

Por qué es correcta. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría.

Por qué fallan las otras. Las mayorías simple, absoluta o de dos tercios no son las legalmente previstas para la elección de magistrados del TC por las cámaras.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Constitución Española, artículo Artículo 159

Respuesta correcta: A) El Tribunal Constitucional en Pleno.

Por qué es correcta. El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años.

Por qué fallan las otras. Las mayorías de las Cortes Generales o del Congreso se refieren a la elección de los Magistrados, no a la propuesta del Presidente. El Gobierno no propone al Presidente del Tribunal.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años.

Constitución Española, artículo Artículo 160

Respuesta correcta: C) Por los vecinos o por los Concejales.

Por qué es correcta. La Constitución Española en su artículo 140 establece un sistema dual de elección para los Alcaldes, remitiendo a la ley los términos específicos.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son parciales, ya que la Constitución contempla ambas posibilidades de forma alternativa según lo que disponga la ley.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Constitución Española, artículo Artículo 140