Examen de Policía Local de Bailén 2019: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: D) Las causas de separación, disolución, nulidad matrimonial y sus efectos.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece en su artículo 32.2 que la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son incompletas según el tenor literal del artículo 32.2 de la Constitución Española, que incluye específicamente la nulidad (como causa de disolución/ineficacia) y sus efectos de forma integral.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. /n 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Constitución Española, artículo Artículo 32

Respuesta correcta: B) La publicidad de las normas.

Por qué es correcta. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza el principio de publicidad de las normas como uno de los pilares del Estado de Derecho.

Por qué fallan las otras. La equidad no es un principio garantizado expresamente en el 9.3. La vigencia es una cualidad temporal pero no un principio garantizado en ese listado. La retroactividad está prohibida para disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, por lo que la Constitución garantiza la 'irretroactividad', no la 'retroactividad'.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: B) La Administración estará sometida a la Ley en todos los casos, y cuando no regule alguna materia, la Administración no podrá actuar.

Por qué es correcta. El principio de legalidad implica que la Administración solo puede actuar cuando una norma previa le habilita para ello (vinculación positiva).

Por qué fallan las otras. La opción A y C vulneran el principio de legalidad y la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos consagrados en la Constitución.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Constitución Española, artículo Artículo 103

Respuesta correcta: C) Un procedimiento ordinario, y otro extraordinario.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece dos vías de reforma: la ordinaria (artículo 167) y la agravada o extraordinaria (artículo 168).

Por qué fallan las otras. No existe una cláusula de intangibilidad en la CE (todo es reformable). El procedimiento 'urgente' no es una categoría de reforma constitucional per se, sino una modalidad de tramitación parlamentaria general.

Artículo 167. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras... /n Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

Constitución Española, artículo Título X

Respuesta correcta: B) Las Asambleas Legislativas.

Por qué es correcta. El artículo 166 de la Constitución remite al artículo 87 apartados 1 y 2 para la iniciativa de reforma. El artículo 87.2 establece que las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley.

Por qué fallan las otras. La iniciativa legislativa y de reforma constitucional a nivel autonómico reside en su órgano legislativo (Asamblea), no en diputados individuales, ni en el Consejo de Gobierno ni en su Presidente de forma directa según el procedimiento del 87.2 CE.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Constitución Española, artículo Artículo 166

Respuesta correcta: D) Todos los poderes anteriores.

Por qué es correcta. El artículo 9.1 de la Constitución Española establece la sujeción de todos los ciudadanos y de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) a la norma suprema y al ordenamiento jurídico.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son correctas pero incompletas por sí solas, ya que el precepto constitucional engloba a la totalidad de los poderes del Estado sin distinción.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. /n 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. /n 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Constitución Española, artículo Artículo 9

Respuesta correcta: D) En la doctrina jurídica y la jurisprudencia.

Por qué es correcta. Ni la Constitución ni las leyes que lo desarrollan definen el concepto de honor de forma taxativa; es un concepto jurídico indeterminado cuya definición ha sido perfilada por la doctrina y la jurisprudencia.

Por qué fallan las otras. La Constitución (A) lo reconoce pero no lo define. La LO 1/1982 (B) regula su protección pero no contiene una definición conceptual. El Código Penal (C) tipifica delitos contra el honor pero tampoco lo define.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: A) No tiene límites.

Por qué es correcta. La libertad ideológica en su dimensión interna (el pensamiento) es absoluta y no tiene límites, ya que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología. Los límites del orden público se aplican a su manifestación externa.

Por qué fallan las otras. Las opciones B, C y D se refieren a límites que operan sobre la manifestación externa de las creencias o el culto, pero no sobre la libertad ideológica interna.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. /n 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Constitución Española, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: D) Todas las respuestas son correctas.

Por qué es correcta. El principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena sine lege) engloba la previa promulgación, la vigencia al momento del hecho y la irretroactividad de las leyes sancionadoras no favorables.

Por qué fallan las otras. Aunque A, B y C son correctas individualmente, la opción D es la más completa al integrarlas todas como consecuencias del precepto constitucional.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Constitución Española, artículo Artículo 25

Respuesta correcta: C) El número de personas que asistan a la reunión no afecta a la protección que el derecho le otorga la constitución.

Por qué es correcta. La Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas sin establecer un número mínimo de asistentes para su ejercicio y protección.

Por qué fallan las otras. La cifra de 20 personas (A y D) es el umbral legal para la obligación de comunicación previa en lugares de tránsito público según la LO 9/1983, pero no para la existencia del derecho en sí.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. /n 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Constitución Española, artículo Artículo 21

Respuesta correcta: A) El derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información.

Por qué es correcta. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen encuentran su límite principal en el ejercicio de las libertades de expresión e información, debiendo realizarse una ponderación en caso de conflicto.

Por qué fallan las otras. La integridad moral (B), seguridad personal (C) e inviolabilidad del domicilio (D) son derechos fundamentales pero no constituyen el límite doctrinal y jurisprudencial típico frente al derecho al honor.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Constitución Española, artículo Artículo 20

Respuesta correcta: B) A las Cortes Generales, por mayoría absoluta.

Por qué es correcta. La Constitución establece que corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de la necesidad de dictar leyes que armonicen las disposiciones normativas de las CCAA.

Por qué fallan las otras. La mayoría simple (A) o de dos tercios (C) no son las requeridas para este acto específico. El Gobierno (D) puede proponerla, pero la apreciación de la necesidad es parlamentaria.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Constitución Española, artículo Artículo 150