Examen de Policía Local de Almuñécar 2018: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: C) Sí, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Por qué es correcta. La Constitución Española de 1978 establece la abolición de la pena de muerte, pero mantiene una reserva para las leyes penales militares en tiempos de guerra.

Por qué fallan las otras. La opción A es incorrecta porque existe la excepción de tiempos de guerra. La opción B es incorrecta porque sí está abolida como norma general. La opción D es incorrecta porque la reserva es para leyes penales militares, no para cualquier ley orgánica genérica.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Constitución Española, artículo Artículo 15

Respuesta correcta: D) Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos.

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la Constitución permite la suspensión de los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, cuando se declare el estado de excepción o de sitio.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C se refieren a derechos (huelga y conflicto colectivo) que están explícitamente mencionados en el artículo 55.1 como susceptibles de suspensión.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. /n 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. /n La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: D) Todas las contestaciones anteriores son ciertas.

Por qué es correcta. El artículo 24.2 de la Constitución Española recoge todos estos derechos como parte de las garantías procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y C son correctas individualmente, por lo que la respuesta D, que las engloba a todas, es la opción técnica correcta según la plantilla oficial.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. /n 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. /n La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: C) Por resolución judicial.

Por qué es correcta. La Constitución Española establece que se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Por qué fallan las otras. Las opciones A, B y D son incorrectas porque la Constitución exige específicamente una resolución judicial para levantar el secreto de las comunicaciones, no bastando el acuerdo de partes ni disposiciones legales como el Decreto Ley.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: D) Del Rey y de las Cortes Generales

Por qué es correcta. La Constitución establece que aquellas personas que tengan derecho a la sucesión en el trono y contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas de la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son incompletas por sí solas, ya que la prohibición debe ser conjunta del Rey y de las Cortes Generales. La opción C es incorrecta porque el Gobierno no tiene competencia en esta prohibición sucesoria.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. /n 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. /n 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. /n 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. /n 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Constitución Española, artículo Artículo 57

Respuesta correcta: C) Cádiz.

Por qué es correcta. Cádiz (Gadir) es tradicionalmente considerada la ciudad más antigua de Europa Occidental, fundada por los fenicios.

Por qué fallan las otras. Aunque Granada, Málaga y Córdoba tienen una historia milenaria, Cádiz ostenta el reconocimiento histórico de ser el asentamiento urbano continuado más antiguo de la región.

Cádiz es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Es la ciudad más antigua de Europa Occidental, con restos arqueológicos datados en 3100 años.

Cultural, artículo Cultural

Respuesta correcta: D) El número de teléfono.

Por qué es correcta. La Ley de Bases de Régimen Local establece los datos obligatorios (nombre, sexo, domicilio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, DNI/NIE y titulación escolar). El número de teléfono es un dato voluntario.

Por qué fallan las otras. La nacionalidad, el lugar de nacimiento y el título académico son datos que la ley exige obligatoriamente para la inscripción en el Padrón.

2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: /n a) Nombre y apellidos. /n b) Sexo. /n c) Domicilio habitual. /n d) Nacionalidad. /n e) Lugar y fecha de nacimiento. /n f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: /n Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento mediante el que se identifiquen expedido por las autoridades de su país. /n Número de identidad de extranjero que conste en documento en vigor expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades de su país. /n g) Certificado o título escolar o académico que se posea. /n h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: B) Recurso contencioso administrativo.

Por qué es correcta. Contra las disposiciones administrativas de carácter general (como un Reglamento) no cabe recurso en vía administrativa, debiendo impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por qué fallan las otras. Los recursos de alzada, reposición y revisión son recursos administrativos contra actos, no contra disposiciones generales (reglamentos). El artículo 112.3 de la Ley 39/2015 prohíbe expresamente recursos administrativos contra disposiciones generales.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. /n Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 112

Respuesta correcta: D) Todas las respuestas son correctas.

Por qué es correcta. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece que las licencias se extinguen por incumplimiento, por revocación (con indemnización si es por cambio de criterio) y por transcurso del tiempo.

Por qué fallan las otras. Todas las causas enumeradas son formas válidas de extinción o pérdida de efectos de una licencia municipal según la normativa de régimen local.

Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y podrán ser revocadas cuando desaparecieren las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieren otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán ser anuladas y revocadas siempre que se adoptaren nuevos criterios de apreciación. /n La revocación fundada en la adopción de nuevos criterios de apreciación o la anulación por error de la Administración, cuando no mediara dolo, culpa o negligencia del interesado, darán lugar a indemnización.

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: B) Nulos de pleno derecho.

Por qué es correcta. La Ley 39/2015 establece como causa de nulidad de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Por qué fallan las otras. La opción A es falsa porque un vicio de tal gravedad impide la validez. La opción C es incorrecta porque la falta total de procedimiento es causa de nulidad, no de mera anulabilidad. La opción D es incorrecta porque la irregularidad no es una categoría de invalidez en este contexto.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: /n a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. /n b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. /n c) Los que tengan un contenido imposible. /n d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. /n e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. /n f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. /n g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. /n 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 47

Respuesta correcta: B) El principio de parcialidad.

Por qué es correcta. El procedimiento administrativo se rige por el principio de imparcialidad, no de parcialidad. La Administración debe servir con objetividad los intereses generales.

Por qué fallan las otras. Los principios de unidad, oficialidad y antiformalismo son principios rectores del procedimiento administrativo común que buscan la eficacia y la protección de los derechos de los interesados.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. /n 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. /n 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Constitución Española, artículo Artículo 103

Respuesta correcta: A) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.

Por qué es correcta. La definición clásica y legal del procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.

Por qué fallan las otras. No es un cauce 'material' (opción B), ni se define como 'adecuación' (opción C) u 'objeto' (opción D), sino como la formalización de los pasos para realizar un fin público.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. /n 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los previstos en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo Artículo 1