Examen de Policía Local de Alhendín 2026: preguntas y respuestas justificadas

Respuesta correcta: B) Supervisa la actividad de la Administración y defiende los derechos fundamentales

Por qué es correcta. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración.

Por qué fallan las otras. El Defensor del Pueblo no pertenece al poder judicial, no tiene funciones jurisdiccionales ni capacidad para dictar sentencias, y es independiente del Gobierno, reportando directamente a las Cortes Generales.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Constitución Española, artículo Artículo 54

Respuesta correcta: B) Puede acordarse en casos de estado de excepción o de sitio bajo condiciones constitucionales

Por qué es correcta. El artículo 55.1 de la Constitución Española prevé expresamente la suspensión de determinados derechos fundamentales cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

Por qué fallan las otras. Los derechos sí se pueden suspender bajo circunstancias excepcionales constitucionalmente previstas. El Rey no tiene la facultad unilateral de ordenar la suspensión de derechos, y cualquier medida de suspensión está sometida a un estricto control judicial y parlamentario.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

Constitución Española, artículo Artículo 55

Respuesta correcta: A) Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes

Por qué es correcta. El artículo 23.1 de la Constitución Española reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Por qué fallan las otras. Las demás opciones corresponden a otros derechos fundamentales: el artículo 24 regula la tutela judicial efectiva, el artículo 16 la libertad ideológica y el artículo 20 la libertad de expresión, los cuales no constituyen el derecho de participación política directa o representativa en los asuntos públicos.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. /n 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Constitución Española, artículo Artículo 23

Respuesta correcta: C) Las Cortes Generales

Por qué es correcta. El artículo 54 de la Constitución Española establece que el Defensor del Pueblo es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.

Por qué fallan las otras. Ni el Presidente del Gobierno, ni el Tribunal Constitucional, ni el Consejo General del Poder Judicial tienen atribuida la competencia constitucional para designar o nombrar al Defensor del Pueblo.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Constitución Española, artículo Artículo 54

Respuesta correcta: C) Derecho a la educación y libertad de enseñanza

Por qué es correcta. El artículo 27 de la Constitución Española establece expresamente el derecho a la educación y reconoce la libertad de enseñanza.

Por qué fallan las otras. El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra regulado en el artículo 24, el derecho de petición en el artículo 29, y el derecho a la igualdad en el artículo 14 de la Constitución Española.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. /n 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Constitución Española, artículo Artículo 27

Respuesta correcta: A) Derecho de petición

Por qué es correcta. El artículo 29.1 de la Constitución Española reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Por qué fallan las otras. El derecho de asociación (artículo 22), el derecho de reunión (artículo 21) y el derecho de información (artículo 20) garantizan otras libertades públicas distintas a la facultad de formular solicitudes directas a los poderes públicos.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. /n 2. Los miembros de las Fuerzas o Cuerpos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Constitución Española, artículo Artículo 29

Respuesta correcta: A) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito

Por qué es correcta. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece literalmente que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Por qué fallan las otras. La sospecha de una infracción administrativa leve no habilita la entrada policial sin autorización. El Presidente de la Comunidad de Propietarios carece de potestad legal para autorizar la entrada en un domicilio ajeno. La autorización de entrada corresponde a los convivientes legítimos y no de forma exclusiva al titular formal del contrato de arrendamiento.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. /n 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. /n 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. /n 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Constitución Española, artículo Artículo 18

Respuesta correcta: B) El orden público protegido por la ley

Por qué es correcta. De acuerdo con el artículo 16.1 de la Constitución Española, la única limitación constitucionalmente prevista para las manifestaciones de estas libertades es la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Por qué fallan las otras. La moral pública, las buenas costumbres o la ausencia total de límites no son los términos legalmente establecidos en la Constitución para limitar la manifestación de estas libertades.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Constitución Española, artículo Artículo 16

Respuesta correcta: D) Puede ser limitado por ley para garantizar la disciplina y el funcionamiento de los cuerpos

Por qué es correcta. El artículo 28.1 de la Constitución Española establece que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Cuerpos Armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

Por qué fallan las otras. El derecho de sindicación no es ilimitado ni está garantizado sin excepción para estos colectivos, pero tampoco está prohibido de forma absoluta bajo cualquier circunstancia, sino que queda sujeto a las limitaciones y regulaciones específicas que determine la ley.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Cuerpos Armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

Constitución Española, artículo Artículo 28

Respuesta correcta: B) Derecho a la tutela judicial efectiva

Por qué es correcta. El artículo 24.1 de la Constitución Española garantiza a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Por qué fallan las otras. El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2, el derecho a la educación en el artículo 27, y el derecho de sindicación en el artículo 28.1 de la Constitución Española.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. /n 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. /n La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española, artículo Artículo 24

Respuesta correcta: C) Las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social

Por qué es correcta. El artículo 25.2 de la Constitución Española dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Por qué fallan las otras. La Constitución no establece que las penas deban ser revisadas por el Defensor del Pueblo, ni que solo se impongan por delitos dolosos, ni limita con carácter general en este artículo las penas a un máximo de 30 años.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Constitución Española, artículo Artículo 25

Respuesta correcta: C) Previa deliberación previa del Consejo de Ministros y la disolución será decretada por el Rey

Por qué es correcta. El artículo 115.1 de la Constitución Española establece que el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.

Por qué fallan las otras. Las opciones A y B son incorrectas porque es obligatoria la deliberación previa del Consejo de Ministros. La opción D es incorrecta porque la disolución es decretada formalmente por el Rey, no por el propio Presidente del Gobierno.

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. /n 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. /n 3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Constitución Española, artículo Artículo 115